- No se notificó sobre la reunión de la Comisión de Gobierno ni se ha entregado el documento del Tribunal
- Tratan de confundirnos pero vamos a seguir con el tema del juicio político: Márquez Alvarado
Como integrante de la Comisión de Gobierno y coordinador del grupo parlamentario de Acción Nacional, Martha Márquez Alvarado reclamó que el grupo priista esté actuando en contra de la ley al no abrir el análisis del oficio sancionador del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en contra del gobernador de Aguascalientes por haber difundido su Informe de Gobierno en fechas de elecciones extraordinarias.
Hasta ayer por la mañana no había logrado obtener el documento indicado por el coordinador priista Jorge Varona Rodríguez, lo cual considera una falta de respeto pues la Mesa Directiva turnó a comisiones dicha notificación, sin embargo la Comisión de Justicia desconoce el trámite y la diputada no fue llamada a la reunión que se tuvo este martes como Comisión de Gobierno: “ando rastreando al diputado porque entre tanta desinformación ya hemos confundido todo”, su intención es revisar qué plazo tiene para emitir la sanción y si el juicio político puede ser aprobado: “es obvio que el juicio político no lo van a querer pero de todos modos tenemos la facultad de exigirlo, pero desgraciadamente lo están haciendo todo en lo oscurito”.
Reclamó que tanto el Congreso como el Instituto Nacional Electoral “se pase la pelotita” con el tema de la intromisión de Carlos Lozano de la Torre en la jornada electoral de junio, pues hasta la fecha insisten en que el documento no ha llegado: “yo me había confundido precisamente porque no me informan, lo que llegó en asuntos en cartera fue lo del informe, pero mi pregunta es: dónde está lo del INE”.
Desde el PAN se cuidará que la sanción se analice y se concrete, para comenzar con la petición de la primera notificación: “si ellos no dan a conocer la información, si el secretario general no hace su chamba, pues comenzaremos otro proceso porque no se están siguiendo el proceso legislativo adecuadamente”. Se lamenta como parte de una legislatura que un tema tan relevante como el mal actuar de un servidor público se haya partidizado sin apego a la normatividad, dejándose llevar por partido político antes de su labor como representante popular.
“Entre que es una cosa y otra ellos tratan de confundirnos pero nosotros seguiremos con la exigencia del juicio político”, ya que existe el fundamento legal donde se marca que cualquier servidor público que se entrometa en asuntos electorales y haga uso de recursos públicos para ello, será acreedor a un juicio político; aunque el diputado Varona Rodríguez asegurara días atrás que la situación no va acorde a la petición de los blanquiazules, al hacerlo con fin de “linchamiento político” más que por responderle a la ciudadanía.
Al haber obtenido el documento hasta por la tarde, la diputada indicó que en conjunto con su asesor revisarían el archivo, aclarándose que no fue recibido por el secretario general sino “de otra mano”, por lo que reiteró su molestia por no respetar su calidad de coordinadora de un grupo parlamentario e integrante de la Comisión de Gobierno, la cual hasta donde se tuvo información era la encargada de analizar la notificación sancionadora del TEPJF.
