- Pide blanquiazul juicio político para el gobernador por violación de leyes electorales
- Delitos electorales no pueden quedar impunes, considera presidente del PAN
El Partido Acción Nacional (PAN) demandó al Congreso del Estado ejercer las sanciones contra el gobernador, ordenadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), por haber infringido en dos ocasiones la Constitución y las leyes electorales.
El presidente del Comité Directivo Estatal (CDE), Paulo Martínez López, refirió que, de acuerdo a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes, Carlos Lozano de la Torre tendrá que ser sometido a un juicio político. Dicho procedimiento pudiera derivar en destitución del cargo e inhabilitación para desempeñarse en el servicio público por un periodo determinado.
Las sanciones radicadas en el legislativo local tienen que ver con el uso de recursos públicos durante la elección ordinaria, razón por la cual fue anulado el resultado del Distrito I; así como publicitar el quinto informe de actividades del gobierno estatal en diferentes medios de comunicación en periodo de veda: “uno procede de la Sala Especializada del TEPJF y otro de la Sala Regional Monterrey; la instrucción se dirige al consejo general del Instituto Nacional Electoral (INE) para emitir una sanción al gobernador y el órgano facultado para hacerlo es el propio Congreso”.
En conferencia de prensa, el panista hizo un llamado a los legisladores a “agarrar el toro por los cuernos” y proceder contra el mandatario estatal en los términos que la ley establece: “especialmente a los diputados priistas, que son mayoría, a que actúen con responsabilidad, con imparcialidad, con apego a la ley, porque está en manos de ellos emitir una sanción de esta naturaleza”.
–Algunos actores políticos hablan de que podría imponerse una amonestación privada.
–Tiene que haber una sanción severa para que se evite que se repitan ese tipo de actos en un futuro. Una amonestación de esta naturaleza no procede, tendrían que irse a la Ley de Responsabilidad de Servidores Públicos que dice claramente que debe haber juicio político para quienes tienen un cargo de elección popular.
Martínez consideró que no puede quedar impune un delito que haya costado la nulidad de una elección. El juicio político tendría que iniciarse cuanto antes, pues aunque el ordenamiento no lo establece, podría contraponerse con los comicios del año en curso.
Informó que los representantes populares emanados del blanquiazul se encargarán de dar seguimiento a las sanciones radicadas por los órganos electorales: “yo me he encargado de hablar con los gobernantes de otros estados, emanados del Partido Acción Nacional para que cuiden todo este tipo de detalles y que no nos metamos en problemas innecesarios (…), nosotros somos responsables de la ley y pedimos al Partido Revolucionario Institucional (PRI) actuar conforme a derecho”.
