- La coordinadora del grupo panista reitera su exigencia para sancionar fuertemente al gobernador
- Hay posibilidad de que otras bancadas, como PRD y Nueva Alianza se unan a la petición del juicio político
Al ser notificados por el Instituto Nacional Electoral sobre el procedimiento sancionador ordinario contra Carlos Lozano de la Torre, la coordinadora del grupo parlamentario de Acción Nacional, Martha Márquez Alvarado, aclaró que no permitirán que por ser priista se le ejecute lo más mínimo de la sanción pues su actuación fue de gravedad.
“Es obvio que ellos como grupo que durante toda la legislatura se han dedicado a seguir instrucciones del palacio de enfrente, van a buscar la mínima sanción”, sin embargo, exclamó que en el caso del procedimiento por el informe emitido por la Sala Regional del Tribunal Electoral, sí indica que se le sancione conforme al artículo 134 constitucional y bajo este precepto se fundamenta el juicio político, solicitado por el grupo blanquiazul desde que comenzó el conflicto, “si ellos no lo quieren ver así es otra cosa”.
Aunque el grupo mixto PRI-PVEM detenga la sanción mayor el caso ya no puede ser olvidado ni atendido al vapor, la diputada panista dijo estar con la tranquilidad y el gusto de que al menos se castigará uno de tantos actos ilegales que ha hecho el revolucionario institucional al frente del estado, “ya es ineludible, nos da gusto que no se puedan zafar de esta, se tiene que sancionar y punto”, a pesar de que le signifique un conflicto interno entre partido y grupo parlamentario.
Si bien el análisis del documento apenas comenzó ayer, se asegurarán de que no le den la vuelta y se respete el artículo antes mencionado así como la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos que los llevará a un juicio político, “lo que suceda en este proceso es responsabilidad del PRI-PVEM”.
Se agregó la posibilidad de que otras bancadas como la del PRD y Nueva Alianza se unan a la petición del juicio político; con referencia a los representantes del PT y Movimiento Ciudadano, se lamentó que a pesar de ser de oposición y más por ser de izquierda, le den por su lado y prefieran minimizarlo, “no se entiende, esto no es un linchamiento político es simplemente seguir indicaciones de la autoridad máxima”.
Si bien no hay un plazo específico para emitir la sanción, se tiene que notificar a la Sala Regional y al INE, máximo 15 días después de haber ejecutado tal procedimiento hacia el gobernador, por lo que el tardarse demasiado en el dictamen y colocarle una sanción mínima, “hablaría muy mal del Congreso pues no debe evidenciarse que está por debajo del Poder Ejecutivo”.
