- A pesar de haber sido analizada, consensuada y aprobada por todos los partidos, la reforma fue remitida al Congreso para una segunda revisión
- Se trata de una crónica de una elección de estado anunciada: Sylvia Garfias
La presidente de la Comisión de Desarrollo Social, Sylvia Garfias Cedillo, manifestó que el veto hacia el decreto número 214 que regula la Ley de Desarrollo Social en Aguascalientes por parte del gobernador es inválido y sólo congela algunas de las soluciones para las demandas de los aguascalentenses.
La legisladora recordó que en julio del año pasado el Congreso del Estado había aprobado por mayoría la reforma a la Ley de Desarrollo Social, presentada por integrantes de los grupos parlamentarios del PAN y Nueva Alianza, la cual antes de ser votada fue discutida y consensuada con la bancada del PRI y el resto de los partidos.
Mencionó que una de las observaciones realizadas por el Ejecutivo refiere al Padrón Único de Beneficiarios, el cual argumenta que es inconstitucional: “lo que no le avisaron al gobernador es que ya existe una legislación en esta materia, no sólo estatal sino a nivel nacional y ahora dice que es inconstitucional. En el propio documento se reconoce que es necesaria la reforma legislativa, y que incluso tanto el Plan Sexenal de Gobierno del Estado 2010-2016, tanto el Plan Nacional de Desarrollo los conmina a ello. Esta administración estatal se había propuesto impulsar el bienestar social de los aguascalentenses a través de la formulación, conducción y evaluación de la política general y de los programas de desarrollo social, además de la definición, implementación y seguimiento a las políticas de desarrollo y participación social en el estado”.
La diputada local indicó que es claro que lo que persigue su propuesta está en una reformulación verdadera e integral a los programas de desarrollo social.
En dicho documento se mencionan diversos aspectos que respaldarían y estarían a favor del decreto que reforma la Ley de Desarrollo Social, siendo que en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 se establece que el desarrollo social debe ser la prioridad de un México incluyente, y, para que la ciudadanía goce del pleno ejercicio de sus derechos sociales, es necesario resolver importantes retos vinculados con la forma en que se conceptualizan y se ejercen las políticas públicas: “Por ejemplo, los procesos de diseño, gestión, implementación y monitoreo se han trabajado de manera aislada, lo que ha derivado en ocasiones en la duplicidad de programas y en una falta de coordinación entre los diferentes órdenes de gobierno. No existe un padrón único de beneficiarios y no se tiene un alineamiento claro y estratégico de la política social. Por tanto, se carece de una adecuada articulación interinstitucional que resulte en el cumplimiento efectivo de objetivos de desarrollo social comunes o complementarios.”
Sylvia Garfias cuestionó la decisión del gobernador de cara al proceso electoral: “¿qué es lo que quiere el PRI gobierno?, ¿que no sepamos a quiénes les entregan los apoyos en materia de desarrollo social?, ¿que no sepamos quiénes son sus beneficiarios porque quieren lucrar para las elecciones? Estas son las crónicas de una elección de estado anunciada”.
