El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) lleva por su nombre un engaño, tiene poco de verde y nada de ecologista. Muchas anécdotas, casi leyendas, dan inicio a su formación. En el 2000 se alió con el Partido Acción Nacional (PAN) cuando la narrativa era sacar de los Pinos al partido hegemónico de entonces. A partir de esa coalición se le reconoce como un apéndice del Partido Revolucionario Institucional (PRI), de donde ha participado como aliado estrecho en muchas desavenencias desde entonces.
En materia de financiamiento público, ha pasado de $37,592,934.02 en 1997 a $336,242,795.46 en 2014. Su primera participación como partido político nacional en elecciones federales fue en 1991, donde requirió de doble esfuerzo por la carencia de recursos y poco apoyo de los medios de comunicación. A pesar de la disparidad, cosa que se mantiene en la lógica de los partidos no dominantes, el PVEM obtuvo una votación de 1.48% que los dejó a dos centésimas de mantener el registro nacional. Sin embargo, el 13 de enero de 1993 se recuperó para poder participar en las elecciones federales de 1994.
Actualmente, no es partido tan despreciable en términos electorales, ha quintuplicado su votación en poco más de veinte años y ya no puede considerarse como un infante político, tienen 42 escaños en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, atrás del Partido de la Revolución Democrática (PRD), PRI y PAN, los llamados partidos más tradicionalistas de México. Consiguió la preferencia de casi el doble de lo que aportó el partido/sindicato que representa el magisterio mexicano, el Partido Nueva Alianza (Panal).
El Verde, como usualmente se le conoce, está a favor de la pena de muerte, ideal que le llevó a romper relaciones en 2009 con el Partido Verde Europeo y una red de partidos ecologistas por todo el mundo. El desprecio de los mexicanos ante tal hecho sólo se puede catalogar como vergonzoso. No sólo eso, está a favor de otorgar cadena perpetua a secuestradores y aún más, ha sido cómplice de múltiples fenómenos relacionados con la corrupción y el conflicto de intereses, entre ellos: permite, mediante concesiones, en los lugares donde tiene capacidad de decisión, minería a cielo abierto como en Baja California Sur, otros, como su defensa a ultranza al proyecto de Reforma Energética del presidente Peña Nieto, abriendo la puerta a la exacerbada degradación ambiental para la explotación de hidrocarburos vía fracking, su indiferencia por las propuestas ciudadanas para reformar leyes mineras sólo reconoce lo obvio, sus intereses no están del lado de la ciudadanía, su aval para construir proyectos en zonas protegidas como en Punta Nizuc, Quintana Roo, y la posición ambigua a defender un derecho humano específico: un medio ambiente sano, sólo ratifican la representación más banal de corrupción política de este país.
El Partido Verde es un partido que desprecia las leyes, aquellas que jura defender como representantes populares. Sus reiteradas transgresiones a la ley quedaron en evidencia en el consejo general del INE, cuando fue multado por 185 millones de pesos. La convocatoria en la plataforma de participación social change.org recolectó en abril del año pasado más de 140 mil firmas para solicitar quitarle el registro, tan solo como reflejo del repudio social al respecto. Se ha reconocido como el partido de las televisoras (Televisa y TV Azteca), múltiples extrabajadores ahora dirigen proyectos desde la sede del Verde. Es bastante sabido y público la intervención familiar de los dueños en la elección de candidatos, sobretodo plurinominales, en ese partido. Arturo Escobar, exlíder nacional del Partido Verde, podría ser acreedor a una sanción de cinco a quince años de prisión por contratar una empresa que no estaba registrada en el padrón de proveedores del INE y en específico por entregar diez mil tarjetas bancarias a cambio de votos.
La semana pasada, un grupo de intelectuales y activistas, en una carta abierta a la sociedad mexicana han vuelto a evidenciar estos hechos, aclarando que no representan ni a una visión ambiental ni a los derechos humanos que se deriven en la materia; y que sí representan los intereses de las élites, la corrupción en su complicidad a múltiples daños económicos, ecológicos y sociales que han afectado al país, por lo que han pedido la desaparición de ese partido.
En Aguascalientes, el Verde ha tenido más oscuros que claros. Su reciente incorporación a una “mega alianza”, como se le llamó, con el PRI-Panal y Partido del Trabajo (PT), deja entrever su posición como un vehículo más para las mismas intenciones de un solo proyecto, el de Peña Nieto y lo que sea que eso signifique.
La idea de que el Partido Verde es un lastre caro y que sólo busca aumentar su halo de influencia a partir de conseguir ser una apéndice del poder en turno e incrementar su cabildeo financiero para empresas e intereses que vienen desde fuera del estado queda sobre manifiesto en las negociaciones para las planillas a los ayuntamientos del estado, pretendiendo con arrogancia la búsqueda para que en los once municipios vaya un regidor del Verde por la vía plurinominal, exponiendo su sobrevalorada autoestima.
El Verde es, también, otro reflejo de que la política local obtiene un desprecio del centralismo que vive el país. La poca intervención y representación en lo local ha hecho que partidos profundamente centralistas lo coopten, sobre todo el PRI. Sí, probablemente la alianza no sea “culpa” de los actores locales. Sí, probablemente la alianza siga como tal, de forma parcial y compitan con candidatos a alcaldes, dados sus soliloquios. Sí, probablemente confundirán el voto y aumentará el porcentaje de votos nulos de forma sustantiva. Sí, muy probablemente si su competencia electoral no dependiera de sus alianzas con el PRI sus resultados serán otros (consuelo de tontos). Pero, también, sí, esas prácticas pueden desaparecer con el insistente repudio social ante ésta, la peor encarnación de la política en este país, el Partido Verde Ecologista de México.
