- En Aguascalientes no existe un instituto especializado en el tema
- Prometieron cambios, pero pocos se estipularon en la ley
Aguascalientes forma parte del grueso de entidades que no cuentan con un instituto especializado en la atención a ciudadanos que han sido víctimas de algún ilícito, lo que es obligatorio según la Ley General de Víctimas del Delito. Aunque el año pasado se anunció la armonización de la legislación estatal para la creación de dicho organismo, los diputados de la LXII Legislatura dictaminaron no la armonización, sino que crearon adiciones a la Ley de Atención y Protección a la Víctima y al Ofendido para el Estado de Aguascalientes; restando protección a las víctimas e incumpliendo con su labor de armonizar.
El 2 de julio del 2014, el diputado petista Jesús Rangel de Lira presentó una iniciativa para armonizar la legislación estatal con la Ley General de Protección a Víctimas del Delito, en la que se incluía la creación de un Instituto de Atención a Víctimas adscrito a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, encargado de vigilar el cumplimiento de los derechos de atención y prevención reguladas por la ley.
Posteriormente, el 10 de septiembre, el legislador panista Mario Álvarez Michaus presentó una iniciativa de reformas y adiciones a la Ley de Atención y Protección a la Víctima y al Ofendido para el Estado de Aguascalientes para que las víctimas pudieran acceder a becas y apoyos económicos.
El 4 de diciembre, Carlos Lozano de la Torre, a través de sus facultades como titular del Poder Ejecutivo, presentó otra iniciativa para reformar la legislación estatal a fin de armonizar su contenido con la Ley General de Víctimas y con el Código Nacional de Procedimientos Penales. Las tres iniciativas fueron discutidas y dictaminadas en la Comisión legislativa de Justicia.
Una vez presentada ante el pleno legislativo, los cambios fueron expedidos el 30 de julio del 2015. No como una armonización sino como reformas y adiciones a la ley con la que ya contaba el estado. En el dictamen se le faculta a la Fiscalía General del estado la protección a víctimas y el resarcimiento del daño. Se solicita la creación de un protocolo de atención y se le obliga a atender a las víctimas en un plazo no mayor a las 72 horas.
Sin embargo, no contar con una unidad especializada en la atención a víctimas del delito ubica al estado como una entidad rezagada en el tema: “la Ley General de Víctimas supone instituciones dedicadas específicamente a atender a las víctimas, eso es lo que falta en muchos estados pero en Aguascalientes estamos muy atrás en el tema. En otros lugares se está empezando a pensar en subrogar estos servicios, generar institutos o asociaciones civiles que tengan especialistas en el área, es importante mencionar que la ley prevé que la víctima tiene derecho a la atención especializada en el tema. No puede ser cualquier abogado, sicólogo o trabajador social. Se subroga porque el estado no tiene a los especialistas. A los especialistas de Agua Clara se les ha estado pidiendo que atiendan a víctimas del delito, y ellos no son especialistas en eso, sino en áreas de adicciones y temas relacionados”, explicó Aurelio Coronado Mares, presidente del Colegio de Psicólogos de Aguascalientes y especialista en el tema.
Los Institutos de Atención a Víctimas del delito deben contar con sicólogos, trabajadores sociales, criminólogos y asesores jurídicos especializados: “Hay uno que funciona, aunque no de manera correcta, en Quintana Roo, y otro en Monterrey, de ahí existen direcciones de atención a víctimas o asociaciones civiles que reciben un pago por dar atención a las víctimas. En Aguascalientes no existe ni estamos cerca de que exista, se requiere una estructura compleja”.
El 10 de febrero, el fiscal general Óscar González Mendívil declaró que en lugar del instituto existía un grupo de asesoría a las víctimas conformado por seis personas -para lo que subrayó, no se había considerado recurso especial dentro del presupuesto anual de la Fiscalía- el grupo aún no ha iniciado operaciones dentro de la Fiscalía, sin embargo, la asesoría a las víctimas forma parte de lo establecido en el nuevo sistema penal acusatorio -es decir, la asesoría ya era obligatoria- cuya implementación total en Aguascalientes concluirá el 27 de mayo: “Va a ser en dos etapas, la negociación de las plazas son unas en febrero y otras posteriores, serán tres y tres. El nombre legal que le corresponde a quien dirija esta área es titular de la asesoría a víctimas. El recurso forma parte del gasto ordinario, forma parte de la estructura de la Fiscalía”.
–¿Debería existir un instituto especializado?
–Debería existir esta asesoría a víctimas como órgano independiente, yo opino que no debe formar parte ni de la defensoría ni de la fiscalía, deben actuar como órgano autónomo.
“Todo el nuevo sistema de justicia supone ubicar a la víctima como el protagonista de todo el proceso, existe tanto la Ley General de Víctimas como los apartados que tienen que ver con la justicia restaurativa del nuevo sistema de justicia. El fiscal está obligado a utilizar recursos para ayudar a la víctima en el proceso legal, y por otro lado el fiscal debe también hacerse cargo de la reparación del daño después de que exista ya una sentencia. Se debe dotar de asesoría legal, sicológica, y económica para traslados y atención médica, entre otros. El grupo del que habla el fiscal de asesoría legal viene implícito en el establecimiento del nuevo sistema penal acusatorio. Existe el recurso del Fondo de Atención a Víctimas (un millón 400 mil pesos) pero no se ha socializado, ahora con el nuevo sistema de justicia penal va a ser preponderante. El recurso va a ser insuficiente porque las víctimas van a requerir atención en todos los sentidos, se van a requerir traductores, intérpretes, refugio pensando en mujeres que han sufrido violencia, atención médica y atención sicológica, entre otros”.
Entrevistado sobre el tema, Jesús Rangel de Lira, promovente de la armonización que no se logró, señaló que la Fiscalía “según la voluntad que tenga” será la encargada de dotar de la atención necesaria o no a las víctimas.
–¿Por qué no se armonizó la ley?
–Fue en el marco de la armonización, pero nosotros no quisimos reproducir íntegramente la ley general.
–Pero el instituto no existe.
–Eso es otra cosa, pero sí lo propuse. Planteamos que de momento se atienda con una dirección con la idea de que se tiene que crear un Instituto, es por el tema del recurso. Pero ahí ya es tema de la Fiscalía, ver qué tanta voluntad tiene.
–¿Qué se creó entonces en la ley?
–Un protocolo de atención para que se le dé seguimiento a las víctimas en las primeras 72 horas de que suceda el delito. Se conjuntaron tres iniciativas, al final se trata de compaginar las aportaciones.
–Aguascalientes sigue rezagado.
–No necesariamente, hay algunos beneficios que se pueden obtener, hicimos énfasis en el protocolo de las 72 horas.
No contar con atención especializada a las víctimas supone un riesgo para que el nuevo sistema de justicia penal obtenga buenos resultados. Para Coronado Mares la relación con organizaciones civiles de especialistas y la transparencia en el proceso legal permitirán generar mejores prácticas de impartición de justicia: “Los riesgos que se corren es que el sistema de investigación de delitos sea deficiente y las personas con el nuevo sistema de justicia salgan. Porque en el actual sistema de justicia los fiscales y ministerios públicos tienen un 90 por ciento de probabilidades de que si acusan a alguien obtienen una condena, pero con el nuevo sistema si el fiscal no está preparado todo el proceso se va para atrás. La relación con las organizaciones civiles le permite enriquecer y entender de mejor manera su papel. Lo que está pasando en Zacatecas, Chihuahua y Durango es que el Ministerio Público o el fiscal funciona de manera independiente, no hace transparente su investigación y por cuestiones de debido proceso está perdiendo casos. El peligro ya está, no hay justicia en el país”.
