- Juicios orales transparentarán impartición de justicia
- Se espera que Aguascalientes concrete avances durante el año
Una de las principales conclusiones a las que llegaron la Comisión de Gobernación del Poder Legislativo local y diversas asociaciones de abogados en sesión celebrada este viernes, fue que la implementación de los llamados juicios orales transparentará la impartición de justicia, pues su formato abierto al público expondrá las posible “pifias” de los interventores y, bajo esta presión el margen de error se reducirá.
Gregorio Zamarripa Delgado, presidente de dicho órgano y secretario técnico para la implementación de este sistema en Aguascalientes, mencionó que las iniciativas de reforma a la ley penal acaban de entrar al Congreso, con lo cual afectará las medidas de arraigo y prisión preventiva. Así, señaló que la entidad observa un nivel medio en lo relativo a la adopción del método, y dijo esperar llegar a nivel avanzado durante el transcurso del año.
Una vez modificada la legislación, anotó, su ejercicio habrá de aguardar 2 años, pues tal lapso es necesario para capacitar tanto a quienes laboran en el Poder Judicial, como a los abogados y a quienes imparten cátedras universitarias.
En este sentido añadió que en Aguascalientes existe un promedio de 5 mil abogados, lo cual a la par refleja un problema de difusión de las “bondades” del planteamiento, pues muchos de estos profesionistas no están conformados en agrupaciones.
Para tales efectos, adelantó la iniciativa de que la colegiación de abogados sea obligatoria en Aguascalientes.
Pese a las críticas, aseveró, la reforma penal se concretará a lo largo del país, pues la tendencia internacional apunta a tornar orales los juicios, situación que implica agilizar y presentar los procesos de manera que una audiencia con preparación media pueda captar a plenitud su contenido.
Tanto los profesionistas del derecho como la representación del Legislativo coincidieron en que una maniobra de las características referidas necesariamente debe contar con el punto de vista de quienes a la postre habrán de aplicarla en los hechos, a manera de perfeccionarla, pues la entidad está cerca de llegar al millón 300 mil habitantes, número de personas que quedarán sujetas a esta nueva legislación.
Al cabo de pedir sea concluida Ciudad Justicia, pues se requerirá infraestructura, Eric Monroy Sánchez, presidente de la Barra del Colegio de Abogados, entregó un documento mediante el cual, en su caso, Congreso del Estado establecería un compromiso oficial para echar mano de las observaciones del gremio.
