- El diputado federal, Jorge López Martín, consideró laxa la legislación estatal en la materia
- Los informes del auditor superior del estado con el federal ponen de relieve los alcances de los ordenamientos
- El Sistema Nacional Anticorrupción deberá de estar aprobado antes del 28 de mayo por obligación legal
Hay contradicciones entre las leyes de fiscalización del estado de Aguascalientes y de la Federación que dan cauce a escenarios de impunidad: “la ley local no muerde y no tiene dientes, los mecanismos de sanción son laxos y no establecen con puntualidad castigos rigurosos; quien le meta la mano al cajón o no es sancionado, o muchas veces es perdonado”, acusó Jorge López Martín.
El diputado federal dijo que para mejorar la transparencia de los recursos federales ejercidos en Aguascalientes se deben armonizar la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Aguascalientes con la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación que reglamentan las auditorías al ejercicio de las finanzas públicas.
Tras contrastar ambos ordenamientos a través de un cuadro comparativo, el panista señaló que los informes de la cuenta pública local no comparten los mismos requerimientos establecidos en el informe federal. Por consiguiente la revisión en el marco normativo federal es más extensa y mucho más puntual que la local.
Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para fincar responsabilidades e imponer las sanciones pueden fenecer en cinco años, mientras que en el ámbito estatal cuenta con un periodo de tres años.
En la legislación federal se reconoce la figura del recurso de revocación, mientras que en la legislación local se establece un recurso de reconsideración, mecanismos que guardan semejanzas de redacción pero en términos legales son completamente distintos, pues en Aguascalientes se advierte la posibilidad de perdonar a un funcionario público implicado en desvíos: “Queremos hacer un exhorto al grupo parlamentario PRI-PVEM a que juntos y en colaboración institucional, los diputados locales y los diputados federales podamos establecer un mecanismo que esclarezca el destino de los recursos a la sociedad de Aguascalientes (…) que no le demos la vuelta y cualquier acción negativa a realizar acciones de revisión, fiscalización y resarcimiento que tienen que ver con ser transparentes”, mencionó López Marín en conferencia de prensa.
Los ocho millones de pesos en observaciones del Órgano Superior de Fiscalización (OSF) contra los más de 650 millones de la ASF en el ejercicio 2014 obligan a echar un vistazo al marco regulatorio. De otro modo quedaría en evidencia la complicidad de la bancada mayoritaria con la información que se está escondiendo.
El presidente de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano Grijalva, envió a su homólogo en el Congreso del Estado, Luis Fernando Muñoz López, una solicitud para elaborar un comparativo de los resultados de las respectivas auditorías. Este martes el comunicado tiene que tener una respuesta, sin embargo, la fracción mayoritaria no quiere dar trámite a esta solicitud para aclarar qué destino tuvieron los recursos: “hay más de 20 solicitudes de responsabilidad que tienen que ver con desvíos de recurso y falta de comprobaciones; no se sabe o no se conoce dónde quedó el monto”.
El Instituto de Educación de Aguascalientes, la delegación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de Seguridad Pública estatal son las dependencias que acumulan las observaciones más costosas para el erario público.
El Sistema Nacional Anticorrupción deberá de estar aprobado antes del 28 de mayo por obligación legal.
