Estamos a unos cuantos meses del comienzo del periodo presidencial 2012-2018, y dentro de algunos días el Tribunal Electoral del Poder Federal (TRIFE) deberá resolver todas las impugnaciones e inconformidades que se generaron en el periodo electoral; esto deberá ser a más tardar el 6 de septiembre. Sin embargo, la pregunta es: ¿cómo va a quedar la imagen del nuevo gobierno a través de las publicaciones de presuntas pruebas de compra de voluntades con dinero de dudosa procedencia, invertido en las campañas del PRI-PVEM? Lo anterior es tema recurrente en las reuniones de análisis del reciente proceso, en donde se cuestiona si se logrará aclarar –y ventilar–, de cara a la sociedad, el origen y destino de esos recursos, y si realmente existieron las cantidades de dinero de las que se habla, ya que son verdaderamente increíbles.
Interesante será, después de la resolución del Tribunal, observar cuál será la posición de los partidos de izquierda. ¿La aceptarán en caso de que no les sea favorable? O bien comenzará una serie de actos de inconformidad, los cuales esperamos no alteren la vida del país.
A lo anterior hay que agregar ahora el problema entre el Gobierno Federal y la empresa de MVS, originado por la cancelación de la concesión de la banda de 2.5 GHz, lo cual se da, según la empresa, por un chantaje de que se despidiera, o diera una disculpa pública, la periodista Carmen Aristegui luego de unos comentarios que hizo, hace 18 meses, sobre el presidente Calderón. Hasta donde se informó, sí fue despedida y luego recontratada debido a la presión nacional e internacional, pero hasta ahora los directivos de MVS hacen del conocimiento público esa situación.
Por otro lado, la SCT y la SHCP dicen que lo que no quieren los de MVS es pagar lo que se les pide para conservar el uso del espectro, tal y como han pagado los demás. Los de MVS argumentan que el motivo real es que se quiere proteger el monopolio de televisa y sus socios de telefónicas, a lo cual ya les contestaron que eso es falso.
La pregunta que nos haríamos es: ¿no es cierto entonces que Televisa apoyó a Peña Nieto?, porque entonces ¿cómo es qué un gobierno panista los apoya quitándoles un competidor? Creo que este asunto le tocará resolverlo al próximo gobierno.
Por otro lado el gobierno norteamericano está en un enfrentamiento con el Congreso de ese país, ya que están presentando cargos contra el procurador general de los Estados Unidos, Eric Holder, por el caso de Rápido y Furioso; la interrogación es: ¿y nuestro país definitivamente también lo va a hacer o no? No hay que olvidar que nosotros fuimos los afectados. Asimismo, en estos momentos hay un banco y una cadena de tiendas de autoservicio que siguen siendo investigados por su participación, fuera de la ley, en el proceso electoral, y esto no creo que se termine pronto, ¿o se apostará al olvido? Asimismo, acaban de detener en España a un grupo de mexicanos que se dice están involucrados con un narcotraficante muy buscado por las autoridades de nuestro país –y también por los norteamericanos–; el problema es que uno de los cuatro detenidos en Madrid, Rafael Humberto Celaya Valenzuela, fue precandidato del PRI a diputado federal de Sonora, y se exhibieron fotografías con el entonces candidato a la presidencia. Sobre este asunto lo único que hizo el presidente del PRI fue decir, como siempre, que “desconocen a ese señor”; dada su inclinación de desconocedor de Pedro Joaquín Coldwell, ¿debemos entender México no investigará cuál era la actividad real de este personaje en nuestro país?
Otro tema es el referente a la noticia de que los narcotraficante permearon a la Suprema Corte de Justicia, en donde se descubrió a un secretario de estudio y cuenta de la corte pasando información a los delincuentes. Nos preguntamos: ¿será solamente ese individuo o hay más?
Asimismo se informó que el próximo presidente decidió tener un asesor, de origen extranjero, el ex jefe de policía colombiano Óscar Naranjo, en seguridad pública; esto a pesar de que la Constitución de nuestro país lo prohíbe; y mire usted, según los informes que tenemos, en Colombia cada día son cada vez más las torres de energía que dinamitan, y hay enfrentamientos entre las comunidades indígenas y las fuerzas del orden colombianas; asimismo, la droga que sale de Colombia hacia nuestro país es más que la que enviaban antes de que los norteamericanos se establecieran en nueve bases de la fuerza aérea Colombiana. Por eso nos preguntamos: ¿sigue el plan de traer al asesor?
Tema actual es el recrudecimiento de la violencia en varios estados de la República, lo cual obligó al Gobierno Federal a enviar miles de efectivos, tanto de las fuerzas armadas como de la Policía Federal, a varios estados, porque los gobernadores se declararon públicamente incompetentes para detener a los delincuentes y lo único que encuentran como solución a su inoperancia es solicitar el apoyo de las fuerzas federales; lo malo de esto es que los gobernadores y alcaldes no mencionan que vayan a accionar de alguna manera para proteger a la población que depositó su confianza en ellos para tener una vida mejor, otorgándoles su voto. De nuevo la pregunta: ¿así vamos a seguir?
En algunas partes de la República, las demandas más sentidas de la ciudadanía es el hecho de que son extorsionados en las carreteras por la Policía Federal, lo cual se ha incrementado; también hemos observado, en programas de televisión, a ciudadanos que fueron encarcelados por ellos a través de torturas y con testigos falsos; hoy estamos constatando el terrible error que cometimos al haber aprobado el arraigo, que aparte de ser inconstitucional ha sido una fábrica de culpables. De nueva cuenta la consabida pregunta: ¿esto seguirá así con el nuevo régimen?
Mi respuesta sería que no, que no debe seguir todo esto así; nosotros como ciudadanos debemos apoyar a las instituciones para fortalecerlas, exigiendo, eso sí, que los malos elementos sean despedidos y castigados. La ley y la justicia deben de prevalecer.
