Durante los últimos meses hemos escuchado a diferentes instituciones políticas y sociales, nacionales e internacionales decir que que en México se vive una crisis de derechos humanos. Los informes se centran en la desaparición forzada de personas, las ejecuciones extrajudiciales, la tortura, la inseguridad ciudadana, el acceso a la justicia, la impunidad, la falta de atención a las víctimas y el acoso a defensores de los derechos humanos. La polarización generada en este contexto ubica en la otra posición al gobierno de la República, acompañado por muchos gobiernos estatales que afirman lo contrario, que en México no tenemos una crisis de derechos humanos, que lo que observamos son casos aislados que no se dan en todo el territorio nacional.
Las respuestas del gobierno de la República se concentran en los informes que se han presentado sobre el cumplimiento de los derechos humanos en el año 2015, donde se señala la grave crisis en que se encuentran. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, adscrita a la Organización de los Estados Americanos (OEA), presentó su informe el pasado 2 de marzo de 2016 como resultado de la visita especial de observación realizada del 28 de septiembre al 2 de octubre de 2015, además de otras visitas que realizó durante el año. En el informe también señala, además de las violaciones que observó y comprobó, los avances que el país ha tenido en la actualización de sus leyes, no obstante que todavía no se ven sus resultados.
Otro informe de relevancia fue el presentado por el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, después de su visita al país del 5 al 7 de octubre de 2015. En el informe señala que “muchas de las personas con las que he hablado ilustraron una imagen muy desalentadora -y consistente- de una sociedad afligida por los altos niveles de inseguridad, de desapariciones y de asesinatos, el continuo acoso a personas defensoras de los derechos humanos y periodistas, la violencia contra las mujeres y los terribles abusos hacia migrantes y refugiados que transitan por el país en su camino a Estados Unidos. Estadísticas oficiales muestran que 98% de los crímenes cometidos en México quedan sin resolver; la mayoría de ellos no son nunca propiamente investigados. Por tanto, no es sorprendente que la ciudadanía mexicana se sienta insegura, no obstante la baja en la tasa de homicidios y secuestros, misma que saludamos” (sitio ONU, Derechos Humanos, la red). Podemos agregar los informes de muchas otras organizaciones sociales del país e internacionales que tienen coincidencia con la ONU y la OEA.
La respuesta del gobierno de la República a estos informes está siendo el negar que exista crisis o graves problemas de derechos humanos en México. Desde hace tiempo el presidente Enrique Peña viene afirmando que los derechos humanos son prioridad en su gobierno, como lo expresó, por ejemplo, en Bruselas, Bélgica, en reunión con la Unión Europea en junio de 2015 (CNN México, 12 junio 2015).
La forma como el gobierno mexicano rechaza los informes es a través de determinadas razones y argumentos: las visitas realizadas fueron cortas en tiempo, por lo que no pudieron visitar todo el país; la metodología utilizada no fue la adecuada; los testimonios recibidos no representan a toda la sociedad; los informes no reflejan la situación general del país, y tampoco fueron objetivos y bien sustentados, ya que parten de premisas y diagnósticos erróneos; el gobierno de la República siempre ha atendido y velado por el respeto a los derechos humanos y acepta las críticas, etcétera.
¿Por qué hablar de doble moral política en el gobierno? Porque cuando se ponen en práctica valores políticos distintos para casos similares significa que son los intereses políticos que tiene el gobernante en un momento determinado, los que hacen que se apliquen unos u otros criterios para unos u otros casos; no son, por lo tanto, los valores y los criterios de justicia y equidad los que se aplican a todos los casos por igual. ¿Cómo detectar la práctica de la doble moral política del gobierno? La respuesta la podemos observar en circunstancias como cuando el Tribunal Militar resuelve que los soldados y oficiales señalados en el caso Tlatlaya como responsables de las ejecuciones extrajudiciales no cometieron homicidio, sino simples faltas administrativas, y los absuelve; así se puede comprobar la acción de la doble moral política del gobierno.
Por un lado, el gobierno utiliza el discurso del “deber ser”, que consiste en decir que los derechos humanos son prioridad, que no se va a permitir que ningún agente federal los viole, que se procurará la justicia y habrá protección para todos; mientras, por otro, se cubre y encubre a agentes de las fuerzas federales que pudieran poner en riesgo la imagen del gobierno.
Otro asunto en el que el gobierno de la República muestra la doble moral política es la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. La irresponsabilidad profesional mostrada por el entonces procurador general de la República, Jesús Murillo, llevó a tratar de terminar y cerrar el caso con la erección de la “verdad histórica”, afirmando que los estudiantes fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula.
Cuando el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la CIDH informa que no encontraron evidencias ni pruebas de lo afirmado en la “verdad histórica” -derrumbándose ésta-, el gobierno del presidente Peña consideró inadmisible tal resultado (como también fue inadmisible la develación de los conflictos de interés y corrupción en el asunto de la “casa blanca”).
La respuesta pausada y tranquila del gobierno al GIEI ha sido en dos vías: promover a través de sus aliados la descalificación y el desprestigio de los miembros del grupo; y segunda, anunciar que la estancia y los trabajos del grupo ya no serán requeridos.
La doble moral política del gobierno cierra el asunto expresando su innegable apertura a las críticas.
