Qué está sucediendo en Aguascalientes que repentinamente funcionarios actuales y pasados están siendo sometidos a proceso judicial penal, derivado de sus supuestos malos manejos, y que antes no habíamos observado con tal magnitud en el Estado. Pues bien, ante falta de información precisa por parte de las autoridades no nos queda más que crear alrededor de estos hechos cierta especulación por un lado, y por otro, la esperanza de que se esté aplicando la ley en forma justa, pues es claro que no siempre van de la mano estas dos hipótesis: la ley y la justicia. Primero, con la detención de Jesús Soto, quien fuera alcalde de Calvillo, y ahora del ex director del Instituto de Salud, se echa por tierra mi teoría de que sólo estaríamos ante mucho ruido y pocas nueces en cuanto a la persecución de “servidores públicos” deshonestos y de que las investigaciones se convertirían sólo en un show mediático para mantener entretenido el morbo y la atención pública.
Asimismo hemos de destacar que resulta obvio que la fase del proceso penal seguido en contra de estas personas se encuentra en sus primeras etapas y que señalarlos culpables desde este momento procesal sería incongruente, pues debido a mi formación profesional y práctica jurídica, conozco perfectamente las partes que constituyen la vía jurisdiccional de índole punitiva, pero lo que también es cierto es que los jueces que libraron las respectivas órdenes de captura contra estos individuos tuvieron a la vista los suficientes indicios para en esta primera instancia ordenar la detención y sujetarlos a proceso en su caso. En el asunto particular del doctor Ventura Vilchis, nos encontramos con un personaje que ocupó uno de los cargos más importantes de la administración estatal y que a su vez tuvo entre sus manos una de las áreas que cuenta con mayor presupuesto, así como la sensible responsabilidad social que tiene el delicado tema de la salud pública y que, en caso de ser ciertos los hechos que pesan por el delito de peculado y la desaparición de un tomógrafo (esto es lo que los medios señalan), la desvergüenza en el actuar resultaría aún mayor, pues observamos día a día carencia de medicinas, atención a pequeños con cáncer, diabéticos y otros males que aquejan a la sociedad aguascalentense. Los presuntos desvíos en esta ahora Secretaría eran secretos a voces que la colectividad “conocíamos”, pues poniendo como ejemplo de tales maniobras se han señalado las adquisiciones de medicinas a punto de caducar en precios como si no presentaran tal estado, tendiendo por consecuencia grandes ganancias para los malos funcionarios en complicidad con gente de las farmacéuticas contratadas por el sector salud, pues el precio real era muy inferior al establecido en facturas, para después desechar las mismas debido a que los productos habían terminado su vida útil y sin que la población se viera beneficiada de tales medicamentos.
La detención de esta persona, Ventura Vilchis, cobra relevancia no sólo por haber servido en la pasada administración como funcionario de primer nivel y su cercanía laboral con el ex gobernador, sino por que actualmente se desempeña como delegado federal del IMSS en el estado de Zacatecas; es decir, continuaba desempeñándose en puesto similar al que aquí ocupaba y que en todo caso le permitía seguir usufructuando ilegalmente el cargo encomendado; entonces, ¿por qué lo mantenían laborando ahí, si ya había en su contra una recién dictada inhabilitación?
También resulta del conocimiento público el hecho de que el ex titular de la otrora Secretaría de Desarrollo Económico se encuentra o bien prófugo de la justicia, o bajo investigación, pues al parecer se ha librado orden de aprehensión en su contra por hechos muy similares a los que dieron motivo a la detención del señor doctor. En este tercer caso se habla en corrillos de que el ex servidor aprovechaba el puesto para hacerse de jugosas comisiones, de otorgar créditos mayúsculos a empresas fantasmas, sin la debida regulación, o bien a la creación de personas morales para así acceder a dineros públicos que tenía como destino los bolsillos de particulares y no para proyectos productivos.
Comprendemos perfectamente la secrecía con la que la autoridad persecutora tiene que realizar sus investigaciones sobre tales hechos, pero también el pueblo de Aguascalientes tiene el derecho a conocer el fin que los dineros públicos tuvieron, a dónde fueron a parar y qué manos se aprovecharon de éstos. Existen muchas indagatorias más como las que atañen a los dineros del Municipio de Aguascalientes en la pasada administración, y las cuales ojalá lleguen a buen término para el bien y tranquilidad de todos los ciudadanos de este estado. Esperemos se castigue con justicia a los culpables y no nos encontremos en una cacería de brujas, y que estos hechos no se conviertan en un “michoacanzo” más. Las consecuencias de nuestro actuar cuando son realizadas con desapego a la ley conllevan consecuencias no siempre castigadas, es entonces por consecuencia que los polvos que ahora respiran estas personas pueden ser consecuencia de aquellos lodazales que crearon en su mal andar a través de la ya tan apabullada administración pública, que sólo es usada por muchos para enriquecerse al margen de la normatividad y a costillas del contribuyente. Debemos entender que el pueblo es el patrón, no el sumiso. Por lo pronto, y derivado de estos hechos, se debe de hacer un reconocimiento a la Procuraduría de Justicia concediéndosele el beneficio de la duda de que su actuación ha sido al margen de los “arreglos políticos” que en lo oscurito se acostumbran realizar y que siempre dejan un tufo de impunidad.
