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viernes, diciembre 5, 2025

Proteger los derechos humanos, de vital importancia para el nuevo Sistema Penal Acusatorio

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  • Se amplían los derechos para que la víctima pueda aportar pruebas y participar en el proceso de manera directa
  • En todo momento debe prevalecer la presunción de inocencia para evitar que se trate como culpable a una persona

El 18 de junio de este año operará en todo el país el nuevo Sistema de Justicia Penal. Este cambio en el modelo de justicia representa la adopción de un nuevo paradigma cuyo eje rector es la garantía de preservar los derechos humanos de todos los involucrados en el proceso penal.

Proteger los derechos humanos es de vital importancia para el Sistema Penal Acusatorio, y es que el principal afectado por la comisión de un delito es la víctima u ofendido. Por ello el sistema, de acuerdo a los principios internacionales aceptados por México, fortalece y amplía sus derechos para que la víctima pueda aportar pruebas y participar en el proceso de manera directa, solicitar directamente la reparación del daño, impugnar ante un juez las resoluciones y omisiones del Ministerio Público, así como solicitar al juez que dicte medidas de prevención para su protección y para la restitución de sus derechos, sin necesidad de esperar a que el juicio acabe.

Hoy la víctima es visible y activa, ya que por primera vez tiene voz durante el proceso y cuenta con un asesor gratuito que la guía y busca en todo momento que se le repare el daño. Además, está encargado de garantizar en todo momento que se respeten los derechos de la persona afectada por un conflicto.

El nuevo Sistema de Justicia Penal también promueve el respeto de los derechos humanos del imputado, ya que en todo momento debe prevalecer la presunción de inocencia; es decir, evitar que se trate como culpable a una persona hasta que se declare su responsabilidad mediante una sentencia dictada por el juez, la cual debe explicar e imponer en una audiencia pública.

Asimismo, el Sistema Penal Acusatorio fortalece la garantía de que la persona imputada tenga acceso a una defensa; es decir, un abogado titulado, ya sea público o privado; también contempla que el imputado tiene derecho a recibir atención médica y sicológica en el momento que lo requiera.

 

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