- Preocupante que el titular de la SSPE declare información errónea
- Emitirá CEDH recomendación a la secretaría para que respete tratados internacionales
En el traslado de un número todavía no definido de internos en los centros de readaptación social de Aguascalientes a penales de diferentes entidades del país sin previo aviso, sí se violentaron los derechos humanos de los internos, puntualizó Jesús Eduardo Martín Jáuregui, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), en respuesta a lo declarado el día de ayer por Eduardo Bahena Pineda, titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.
Ninguna de las dos autoridades cuenta con la información completa sobre lo sucedido con dichos reos, mientras que Bahena Pineda asegura que no se cometió ninguna violación a derechos fundamentales y que la orden de trasladar a los reos se envió de manera urgente por el Sistema Nacional de Reinserción Social Federal -órgano que Martín Jáuregui dijo desconocer- por tratarse de internos que habían cometidos delitos federales; el ombudsman señala que según información de Héctor Delgadillo, juez de ejecución, se trasladaron varios internos que están bajo la tutela del estado.
Tampoco se sabe con certeza el número de internos que fueron llevados a otros penales: “La preocupación es que al parecer no tiene toda la información correcta el general y eso claro que es preocupante, que quien está a cargo de la seguridad en el estado pueda tener quizá una información distorsionada e inadecuada por parte de la gente que trabaja para él. Por lo que sabemos, hay un número de reos que, además de que ha sido difícil saber cuántos fueron trasladados, porque primero nos dijeron que fueron 28, después nos dijeron que eran 69 y el general manejó que son 70; que están bajo la tutela del estado y que no fueron informados, ni su familia, sobre el traslado. Efectivamente hay un sistema de seguridad pública federal, pero no conocemos el sistema que señaló Bahena”.
El asunto involucra también al presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Juan Manuel Ponce Sánchez, quien tuvo que haber sido avisado sobre el traslado de los internos, aun cuando se tratara de un asunto de carácter urgente: “Comenté con el presidente del Tribunal la preocupación de que no se hubiera hecho un informe, porque no se pueden cumplimentar así las urgencias. Por encima de estos dispositivos de carácter reglamentario están dispositivos de carácter internacional y dispositivos constitucionales; por encima de todos el respeto a los derechos humanos. Estos movimientos sin avisarle a la familia, sin que tengan la oportunidad ni siquiera de recoger sus cosas, es una violación a sus derechos humanos. De un día para otro alejas a los hijos del padre, o a los padres de los hijos, los ubicas a muchos kilómetros, esto puede tener consecuencias. Porque por encima de todo encontramos la necesidad de la reinserción social, y para que se puedan reinsertar los internos los principios generales señalan que tienen que estar en comunicación constante con su comunidad. En el artículo 18 de la Constitución se señala el derecho de pugnar la pena en el lugar más cercano a su residencia”.
–¿Emitirá la CEDH alguna recomendación a la SSPE?
–Estimo que sí habrá una responsabilidad, sin embargo aún no tengo todos los elementos, con los datos que tengo me parece que sí. La SSPE debe respetar los lineamientos y principios internacionales de los derechos humanos. El órgano desconcentrado de prevención y readaptación social no está por encima de las autoridades estatales cuando se trata de reos estatales, estos reos estaban bajo la responsabilidad del Poder Judicial, están sujetos a un proceso y solamente pueden ser trasladados cuando quede justificada plenamente la urgencia o la peligrosidad del asunto. Nosotros señalaremos que desde nuestro punto de vista sí hubo violación a los derechos humanos y a los criterios internacionales.
En 2011 se modificó el marco legal de los derechos humanos cuando la legislación mexicana incorporó los tratados internacionales como parte de la Constitución. Cuando se trate de asuntos que involucren derechos humanos, las autoridades están obligadas a inaplicar una norma estatal o federal que contradiga los tratados internacionales o los principios constitucionales.
En su declaración, Bahena Pineda se deslindó de cualquier violación a los derechos de los internos justificando que se cumplió con una orden emanada desde la Federación. “Lo que antes era una justificación por ser mandamiento de una autoridad superior ahora no se puede decir como una justificación cuando se están violentando principios de derechos humanos”, respondió Martín Jáuregui.
La CEDH solicita información sobre los internos de manera general, y en particular sobre los dos casos en los que los familiares presentaron denuncia ante la Comisión.
En el caso de una interna que se encontraba bajo tratamiento siquiátrico, Martín Jáuregui indicó que Cristela Moreno, directora del reclusorio femenil, le comunicó que el traslado se realizó debido a una urgencia médica: “Después de varios años resultó que era urgente, después de cuatro meses que no tenía una crisis porque estaba siendo atendida y supervisada, incluso personalmente platiqué con ella y revisé la forma en la que estaba siendo atendida, ella estaba estable, había logrado estabilizarse en un peso y no había tenido crisis nerviosas, no puede ser que de urgencia la trasladen. Nuestra recomendación fue que se le trasladara a un centro hospitalario de atención siquiátrica, no a otro centro de readaptación. Antes de contestarnos si aceptaban nuestra recomendación o no porque ni siquiera se les había notificado, nos dicen que acatan una recomendación en términos que no hicimos y pasando por los derechos de la persona”.
Para el ombudsman, el asunto debe tener como resultado el trabajo conjunto y coordinado entre las autoridades: “Esto es una enseñanza porque tenemos que trabajar conjuntamente y hacerlo no es decir que respetamos, es sentarnos, es conversar, es revisar la legislación, es revisar los principios que tienen que aplicarse, revisar un cuadro no solamente estatal o federal, sino internacional. Hay que tomar en cuenta que tras de una ficha está una persona y lo que estamos buscando es que reinserte a la sociedad”.
