Dentro de unos días el Tribunal Federal Electoral tendrá que dar la decisión final sobre el proceso electoral del primero de julio. Seguramente no habrá sorpresas y se consumará el resultado ya conocido. Sin embargo, ello no implica que el candidato del Movimiento Progresista siga empecinado en la anulación de la elección, sin elementos de prueba suficientes y contundentes, ni al interior de los partidos políticos continúen los reacomodos de los grupos. Y es que en el fondo, tanto la posición de López Obrador y sus incondicionales seguidores, como las disputas internas partidarias están interconectadas.
Después de perder la elección, López Obrador tenía dos opciones para continuar manteniendo la atención de los mexicanos y su vigencia en el liderazgo del PRD: 1) convencer a sus seguidores de que no perdió la elección, sino que ésta fue fraudulenta y, en consecuencia, movilizarlos para impedir que le “quiten” la presidencia; o bien, 2) simplemente aceptar la derrota y asumirse como el líder de la oposición que el país requiere, obligando al presidente electo a negociar y aceptar sus propuestas políticas.
Nada más alejado de la realidad política. Si Andrés Manuel López Obrador reconociera el triunfo de Enrique Peña Nieto, daría por cerrado su ciclo político y tendría que dejar el liderazgo del partido y de “las izquierdas”, a los nuevos promotores del cambio: Marcelo Ebrard Casaubon, actual jefe de gobierno del Distrito Federal, o a Miguel Ángel Mancera, el jefe de gobierno electo. El primero, a pesar de un buen y exitoso ejercicio de gobierno, tuvo que ceder su posición de candidato presidencial, a la obstinación y el exceso de fuerza e intolerancia del candidato del Movimiento Progresista. El segundo, es el liderazgo en ciernes que deberá refrendar con su gestión gubernamental en los próximos seis años, pero con el capital político acumulado hasta ahora con una elección que ganó de manera más que abrumadora.
En cualquiera de los casos, la fuerza de “la izquierda” deberá buscar nuevos cauces a seguir, y liderazgos que la animen y preparen para un futuro más prometedor; pero difícilmente encontrará esto en el derrotado y engreído candidato que tuvo en el pasado proceso.
Esto lo saben muy bien AMLO y sus seguidores, y de ahí sus intransigentes posiciones. Cualquier lector acucioso, que haya seguido las argumentaciones tanto del equipo de campaña del Movimiento Progresista, como de su candidato y los líderes de los partidos que lo apoyaron, se pueden dar cuenta de lo contradictorio y endeble de su posición, a falta de lo que puedan aportar de pruebas, y decidir los magistrados del Trife.
Las razones que se utilizan para la anulación del proceso, aunque han cambiado y se han ido complementando con el tiempo, podrían resumirse en lo siguiente: 1) que los medios informativos y las encuestas, condicionaron el proceso al tomar partido por el candidato de la coalición “Compromiso por México” y al presentar un panorama favorable a su triunfo; que hubo una compra masiva de votos, que sesgaron la elección; 2) que no puede regresar el PRI al gobierno porque acabará con el país (sic), lo sumirá en la corrupción y será lo peor (sic) que nos puede pasar a los mexicanos; y 3) que Enrique Peña Nieto es incapaz de gobernar (sic). Además de otros argumentos de difícil comprobación, a tenor de las pruebas que no terminan de presentarse, como es el caso de que en la campaña de esa coalición, se utilizó dinero procedente de actividades ilícitas (sic).
En derecho, dicen los abogados, “el que acusa tiene la obligación de probar”, o por lo menos aportar los elementos suficientes y constitutivos del ilícito de que se trate. Y, sin ser abogado, desde luego, ni gran especialista en el tema, observo, que de todo lo anterior, para que lo primero diera lugar a la anulación del proceso, debe establecerse que afectó decisivamente al resultado final; aún así, no encuentro proceso electoral alguno en que los medios de comunicación se mantengan al margen y no tomen partido por los candidatos, sin que esto conlleve el efecto que pide López Obrador. E incluso si así fuera, ¿no debería considerarse de igual forma el movimiento #YoSoy132, a través de las redes sociales?, (es sólo una simple pregunta).
Algo similar ocurre cuando se alude a una compra masiva de votos, ya que, en primer lugar, esto, en caso de probarse, no conlleva mas que una sanción al partido, o la coalición que lo hubiera realizado, pero también, por otra parte, hay que probarlo, llamando a declarar a unos 5 millones de votantes, aproximadamente, para demostrar que ello afectó definitivamente la elección.
Los otros argumentos no los comento porque, desde luego, son de carácter meramente subjetivos y carentes de toda validez, legal y moral. Es entonces cuando se pregunta si el candidato del Movimiento Progresista y su equipo no se dan cuenta de ello o cual es la razón que los mueve.
Ante esto, yo, por lo pronto, sólo encuentro dos respuestas que me satisfacen y las comparto: el afán de permanecer en el escaparate político que tiene que abandonar, y la búsqueda de excusas para terminar dividiendo a “la izquierda”, dejando al PRD el cascarón de un partido sin una buena parte de sus militantes y con una cantidad de tribus que sigan disputándose los pocos espacios de poder que les quede y donde, seguramente, AMLO estará presente, aunque sea desde fuera, y conformando una nueva fuerza política con Morena, el PT y alguno que otro despistado del Movimiento Ciudadano.
La pregunta es si realmente esto es lo que quieren la izquierda y los ciudadanos que votaron por el Movimiento Progresista en nuestro país, pero explica tanto la declaración política ambigua, de la reunión del PRD, leída por Marcelo Ebrard recientemente en Acapulco, como el hecho del no desconocimiento definitivo de las posiciones lopezobradoristas, de las que empieza a desmarcarse Miguel Ángel Mancera, al hacer referencia a que será más bien un gobernante ciudadano.n
