- El 4% de la población total del estado es homosexual
- Los políticos de Aguascalientes, en el clóset de la armonización
A partir de las 00:00 horas de ayer, la imagen de todas las instituciones del Gobierno Federal cambió para pintarse con los colores de la bandera gay en conmemoración con el Día Internacional de la Lucha contra la Homofobia. Las cuentas oficiales en redes sociales de Enrique Peña Nieto y funcionarios de primer nivel aparecieron con los colores del arcoíris recordando el día en que la Organización Mundial de la Salud (OMS), quitó del catálogo de enfermedades mentales la homosexualidad. En Aguascalientes, la celebración pasó inadvertida.
Aunque el apoyo en redes sociales pudiera representar poco frente a los crímenes de odio que sufre la comunidad LGTB y que quedan impunes, en el ámbito federal se ha avanzado en la lucha contra la no discriminación de quienes pertenecen a dicha comunidad, por ejemplo, con la apertura para la legalización de los matrimonios igualitarios.
Manuel Alejandro Gutiérrez Flores, integrante del Colectivo SerGay, nombró a este fenómeno como la “utopía federal”, debido a que en estados como Aguascalientes la discriminación sigue siendo uno de los mayores problemas que enfrenta la comunidad, con leyes no armonizadas y el no reconocimiento a sus derechos fundamentales.
Datos del Consejo Nacional para Prevenir y Erradicar la Discriminación (Conapred) sitúa a Aguascalientes como una de las entidades con mayor discriminación hacia las personas que ejercen su libertad sexual.
En la entidad, los grupos conservadores han logrado que, por ejemplo, la Secretaría de Salud Estatal ceda a presiones y retire espectaculares de campañas federales para promover el uso del condón entre las personas homosexuales, y que aunque la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) y el Centro Nacional para la prevención y el Control del VIH/Sida (Censida) se hayan pronunciado al respecto, no se haya logrado la reinstalación de la campaña.
Cabe resaltar que de todo el país, Aguascalientes fue la primera y única entidad en solicitar el retiro de dichos espectaculares.
Además, los diputados locales de la LXII Legislatura se han resistido a armonizar la legalización del matrimonio igualitario para atender al llamado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para reconocer este derecho, con sus obligaciones, en todo el país.
“Aguascalientes sigue siendo un estado en donde esta utopía federal del derecho y respeto a los derechos humanos no está aterrizado en la realidad. Nosotros hemos tenido acercamientos con la población y se muestran abiertos a escuchar, conocer y aceptar vivir libres de estigma. En la política tienen miedo a la apertura, a la actualización, a lo que merecemos como ciudadanos de Aguascalientes, merecemos tener una legislación que nos ampare, nos proteja. Los políticos siguen estando en el closet, se creyeron el discurso homofóbico.”
Estadísticas del colectivo indican que el cuatro por ciento del total de la población aguascalentense es homosexual, y de ese porcentaje únicamente el 25 por ciento vive su sexualidad libremente. Sumado a esto, en lo que va del año se han presentado cuatro quejas por discriminación ante la CEDH.
Para Manuel Gutiérrez y los integrantes de SerGay ya no hay esperanza en la actual Legislatura del reconocimiento de sus derechos: “Esta legislatura nos tiene completamente desencantados, la esperanza con esta Legislatura está perdida, la Comisión Legislativa de Derechos Humanos fue completamente omisa, es una pena que Anayeli (Muñoz Moreno) haya omitido estos avances en materia de derechos humanos, diciendo que no le toca analizarlos, cuando realmente de lo que se trata es de derechos humanos, aunque sea la comisión de justicia la que lo está discutiendo. Esa comisión debería de trabajar en conjunto y urgir la armonización”.
La comunidad homosexual reconoce en la iglesia católica como uno de los principales opositores en el reconocimiento de sus derechos fundamentales. Lamentaron que en Aguascalientes la opinión de José María de la Torre, obispo de la Diócesis del Estado, tenga peso en las decisiones legislativas y de políticas públicas: “El problema es estas personas que deben fomentar el amor entre las personas, el respeto, la unidad, la comunidad, están fomentando el odio y el rechazo. Es una pena que la iglesia en lugar de tener un discurso cristiano en donde se hable del amor y el respeto, fomenten el odio y la discriminación”.
