El mito más importante en materia de derecho en México es la idea de justicia que tienen los mexicanos, un sistema corrupto donde los jueces y policías son objeto de desprecio, que el derecho o la ley son los grandes ogros que no permite al ciudadano común vivir tranquilamente, donde la verdadera justicia se hace de la mano de la ilegalidad, auspiciada por falsos héroes y antihéroes que rompen reglas y evaden a la autoridad, tal vez por eso son tan del gusto popular los corridos (y su derivación más corrupta, los narcocorridos), ese género musical que gusta narrar las historias precisamente de personajes que salen avante cuando no se pliegan al Estado de Derecho, pensemos por ejemplo en Los dos amigos, canción norteña mexicana interpretada por Los Cadetes de Linares, donde por intervención divina o por su suerte, José, después de asaltar el tren de Bermejillo, logra escapar de sus captores; su versión cinematográfica es una mala adaptación en la cinta de 1980 dirigida por Rubén Galindo y protagonizada por Valentín Trujillo.
La Segunda Encuesta Nacional de Cultura Constitucional que hizo en el 2011 el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, refleja esta mala percepción del Estado de Derecho, por ejemplo, sólo el 52.9% de los encuestados considera que se deben obedecer siempre las leyes, ante situaciones ilegales, como la usurpación de terrenos, el uso de placas de taxi piratas o la operación de bares ilegales, aproximadamente el 30% de los encuestados considera que se deben de regularizar. Será por esta idea que permea en la sociedad que uno de los principales retos que la administración presidencial 2012-2018 se planteó fue una modificación en materia de la justicia que experimentan todos los días millones de mexicanos.
Justamente en semanas pasadas el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, ha mandado al Congreso de la Unión una serie de iniciativas de ley que suponen en nuestro país una auténtica revolución jurídica, no sólo por el impacto que tienen en la forma en que percibimos el derecho, sino por lo trascendente que pueden resultar para el devenir de todos los mexicanos, les han llamado iniciativas de ley en materia de justicia cotidiana: sobre el Sistema Nacional de Impartición de Justicia, la Iniciativa de Reforma Constitucional en Materia de Mecanismos de Solución de Controversias; la Iniciativa en Materia de Justicia Cívica Itinerante; la Iniciativa en Materia de Resolución del Fondo del Conflicto; la Iniciativa en Materia Procesal Civil y Familiar; la Iniciativa en Materia de Registro Civil; la Iniciativa para crear el Sistema Nacional de Mejora Regulatoria; la Iniciativa en Materia de Justicia Laboral; la Iniciativa de Reforma al Código de Comercio sobre Juicios Orales Mercantiles; la Iniciativa a la Ley General del Trabajo en materia de Justicia Laboral; y la Iniciativa de reforma a la Ley General de Salud para fortalecer a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico.
Las modificaciones vienen de un largo proceso de trabajo en el que participaron instituciones como el CIDE o el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Desde mi óptica hay varios puntos fundamentales, primero la idea de la generalidad en varias materias, a la penal, se sumarán ahora la civil, familiar y la laboral. Estamos en presencia de una especie de neocentralismo jurídico donde decenas de leyes dan orden en materia jurídica que no tienen una razón de ser para estar legislados de forma individual en cada estado, por el contrario, la idea es fijar reglas únicas que permitan una homogeneidad que redunda en varios beneficios para el ajusticiado: criterios judiciales similares, abogados especializados en todo el país, certeza, en suma, el más fácil acceso a la justicia.
Aún queda un largo trecho entre su discusión y aprobación (que suponemos traerá problemas y discusiones jurídicas, así como de intereses de grupos de presión) y su implementación. Si para el cambio de sistema de justicia penal que es una mínima parte de todo el sistema judicial, pasaron casi ocho años, imagino que el trecho para los cambios propuestos por el presidente, seguramente los plazos serán por lo menos similares. Se vienen importantes reformas, no podemos sino encuadrarlas en una verdadera revolución jurídica que tiene de fondo una mejora para todo el país.
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