- Propuesta por el Ejecutivo Estatal, además de un proyecto de reformas al Código Urbano para desincorporar este rubro y convertirlo en un ordenamiento
- Las Comisiones de Transporte Público, Planeación y Gobernación acordaron emprender un estudio a profundidad
El miércoles, en una primera sesión, las Comisiones de Transporte Público, la de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, que presiden Lourdes Dávila Castañeda y Francisco Ovalle García, respectivamente, le dieron entrada a las iniciativas de reformas al Código Estatal de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda, así como a la referente a la de Ley de Movilidad y Tránsito, ambas propuestas por el gobernador Carlos Lozano de la Torre.
De acuerdo con la explicación de Dávila Castañeda, el primer proyecto va encaminado a desincorporar el capítulo de movilidad para formular un nuevo ordenamiento que brinde mayores facultades y certeza jurídica para el impulso de un sistema integral que atienda dicho rubro.
Al respecto, los legisladores Ulises Ruiz Esparza de Alba y María de los Ángeles Aguilera Ramírez, consideraron que se requiere de un estudio a profundidad sin descartar las aportaciones que pudieran hacer colegios o asociaciones de especialistas en el tema.
Más tarde, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales sesionó para hacer lo conducente y darle acceso a la propuesta que separaría del citado Código el tema de movilidad, y que a su vez, daría pie a la construcción de modelos urbanos sostenibles, desalentando el uso del automóvil y facilitando los traslados en bicicleta, peatonales y en motocicleta; además, se abrogaría la Ley de Vialidad del Estado, abundó la presidente de este órgano legislativo, diputada María de los Ángeles Aguilera Ramírez.
Aguilera Ramírez, así como los legisladores Jorge Varona Rodríguez y Luis Fernando Muñoz López, coincidieron en la trascendencia de plantear nuevas normas para la convivencia en los espacios públicos, además de brindar las bases para facilitar el crecimiento armónico de la ciudad, con los servicios e infraestructura adecuados para el transporte público y privado.
Con información del Congreso del Estado
