- Se investiga en colaboración con autoridades de Tamaulipas
- Familias no han reclamado el paradero de los internos
Tras dos meses de que 40 internos de centros de reinserción social de Aguascalientes fueran trasladados –sin previo aviso y violentando sus derechos humanos– a penales de diversas entidades del país, el paradero de dos de ellos, enviados al penal federal de Matamoros, Tamaulipas, aún se desconoce.
La situación de los dos internos fue dada a conocer por Jesús Eduardo Martín Jáuregui, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) a finales de mayo, fecha en la que señaló que se llevaba a cabo una investigación con ayuda de José Martín García Martínez, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Tamaulipas.
Han pasado más de veinte días y nada se sabe de los internos, quienes fueron desalojados del penal de Matamoros debido a que la infraestructura está en remodelación desde abril de este año.
“No los hemos localizado, deben estar en prisiones federales, estaré en México para pedir el apoyo de la tercer visitaduría de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para saber cuál es el paradero de estos internos”, indicó en entrevista Martín Jáuregui.
El ombudsman indicó que el asunto fue del conocimiento de la comisión a su cargo tras una denuncia presentada ante la CNDH: “No llegó directamente a Aguascalientes. Nos llegó la queja de uno de los que estaba internado y con base en eso iniciamos la investigación de oficio y pedimos apoyo a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Tamaulipas. Lamentablemente, el penal en dónde se encontraban ahorita está cerrado, está en remodelación, y es un penal federal, entonces pedimos el apoyo de la CNDH”.
En los dos meses que dichos internos –cuya identidad no ha sido dada a conocer por seguridad y protección de datos personales– han permanecido extraviados, sus familias no se han presentado en la CEDH para reclamar su paradero.
En abril de este año, Martín Jáuregui señaló a Eduardo Bahena Pineda, secretario de Seguridad Pública estatal por haber permitido el traslado de 40 reos, de los cuales 19 son del fuero común, a penales en todo el país sin la debida autorización del juez de instrucción. Debido a que el traslado fue a centros de reinserción social federales, la investigación se encuentra en manos de la CNDH.
Hasta el momento ninguna de las dos comisiones ha emitido alguna recomendación a las autoridades de seguridad pública.
