Quienes tenemos una formación jurídica, sabemos desde la universidad que hay conceptos que no han cambiado desde la Roma clásica: todavía conservo en la memoria los preceptos de Ulpiano (vivir honestamente, no dañar al otro, dar a cada quien lo suyo), y su definición de justicia: “la voluntad firme y continuada de dar a cada quien lo que le corresponde”, y a partir de ahí desprendemos, entre otras muchas bases jurídicas, que todo derecho ha de procurar ser justo.
El derecho electoral, como rama reciente de la ciencia jurídica, no es la excepción. También cabe el término justicia electoral, que en todo caso, serían los medios de control (juicios, recursos, en general denominados impugnaciones) de los actos o procedimientos jurídico-electorales.
Acaso por ser novedosa la rama, y con modificaciones sustanciales en la legislación cada tres años, poco a poco va permeando en la sociedad el conocimiento de las reclamaciones en el ámbito, comenzando a distinguir la substanciación de esos medios de control en órganos administrativos como pueden ser los Institutos o Consejos Electorales, jurisdiccionales propiamente como la Sala Local, Salas Regionales o Especializadas o la Sala Superior, y (en menor medida, hay que decirlo) en órganos de naturaleza política. Conocimiento que lleva al estado de garantizar la periodicidad de las elecciones apegadas a principios legales, entendiendo dentro de estos a los principios constitucionales.
En el mismo tenor podemos hablar, en general, de si el sistema electoral es más o menos democrático. A mi modo de ver, el punto esencial no es si poseemos más democracia que en otros regímenes, como si pudiéramos encontrar a la democracia en pomos de botica y pedir que para próximas elecciones se añadiera “más democracia” por haber faltado el ingrediente en el anterior proceso.
Justo este ejemplo es igual de absurdo que confundir la democracia con alternancia. La idea tan llevada y tan traída de que la democracia en el país aterrizó en el año 2000 con el triunfo de Vicente Fox en la presidencia de la república, implicaría que en Aguascalientes somos “más democráticos” o al menos con mayor experiencia, pues aquí vivíamos en democracia desde 1998, con la llegada de Felipe González a la gubernatura.
Habría entonces, y en las charlas que me ha tocado en suerte disertar, que trabajar con el concepto de la consolidación de la democracia. ¿Qué tan consolidada está nuestra democracia? Preguntaría. Me respondo: dependerá de una multitud de factores entre los que se encuentra no la alternancia por sí misma, sino el respeto a las reglas del proceso electoral, y en todo caso, al adecuado funcionamiento institucional que sirve de fundamento al propio proceso, incluyendo las instancias encargadas de una adecuada procuración de justicia electoral.
La especialización de los tribunales electorales, en locales y federales, salas superiores y regionales, e incluso salas de índole exclusiva, son el nuevo reto a considerar dentro del sistema político-electoral. Si bien los partidos políticos son instituciones viejas, han sabido mantenerse por años a nivel mundial, adecuándose a las necesidades de los nuevos tiempos. La profesionalización ha hecho lo propio con las instituciones electorales administrativas que, elección tras elección, se consolidan basándose fundamentalmente en la actualización de los profesionales electorales que las conforman y en los principios legales de actuación que las sustentan, sobreviviendo a las constantes modificaciones en cuanto a las atribuciones que por ley les tienen señaladas, como lo pudimos ver en este proceso electoral que involucró al organismo nacional y a los organismos de la mitad de las entidades federativas, que lograron salir avante en lo que muchas veces se denominó como la prueba del ácido.
Partidos y autoridades administrativas, pues, han estado posicionándose a la vanguardia en algunos aspectos dentro de la política. Faltarán muchos otros en los que se puede trabajar de mejor manera, lo que es un aliciente para las siguientes generaciones. Sin embargo, uno de los retos del sistema en su conjunto es la judicialización de la política, entendida como el espacio ganado por el poder judicial en detrimento del poder legislativo. Ya no es tan importante lo que limitativamente enuncie la norma, sino el límite que se adecua, elección tras elección, por parte del juzgador.
Habrá que profundizar más en el concepto para despojarle de la etiqueta de que la judicialización de los procesos en particular, y de la política en general es una situación de retroceso. La función jurisdiccional es el tercer pilar en que se sostiene el sistema. No se trata de echar abajo la legislación, sino de impartir, con profesionalismo y teniendo en mente las definiciones de Ulpiano, los principios que exige la justicia electoral en un país democrático.
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