- Jorge Varona, líder del PRI-Verde en el Congreso, rechaza que el alcalde llegue a ser inhabilitado
- Sanción es analizada por todos los grupos parlamentarios
Las faltas cometidas por el alcalde de Aguascalientes Antonio Martín del Campo, durante el pasado proceso electoral sí se consideran de gravedad, por lo cual Jorge Varona Rodríguez, coordinador del grupo parlamentario PRI-Verde Ecologista, refutó lo dicho por Paulo Martínez López, presidente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), en torno a que la sanción a aplicarse al presidente municipal sería menor a la que recibió el gobernador Carlos Lozano de la Torre, que se limitó a una amonestación privada: “tenemos que ajustarnos a lo que la ley señala, es una cuestión de orden jurídico y de ética pública, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que es la que nos remite la resolución del Tribunal Electoral, en sus artículos 82 y 83 precisa que la sanción se aplicará en función a la magnitud de la falta y establece esas posibles sanciones”.
Varona Rodríguez resaltó que el que Martín del Campo no suspendiera la promoción de obras municipales en medios de comunicación durante el periodo de campaña derivó en violaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que destacó que es imposible minimizar las acciones del alcalde panista, “el Tribunal reconoce que en diez ocasiones consecutivas el alcalde estuvo violando la Constitución en sus artículos 41 y 134, de manera que no hablamos de un problema menor, el asunto es que debemos aplicar una sanción proporcional, ajustada a la ley y con un criterio de equidad, no es una cacería de brujas pero tampoco dar una resolución a contentillo de nadie. Estos temas tienen como objetivo dar plena certeza jurídica a nuestro régimen democrático”.
Dijo el diputado que no obstante no considera que la inhabilitación para ejercer un cargo público llegue a ser aplicada a Martín del Campo como sanción, además aclaró que si bien el del Revolucionario Institucional y el Verde Ecologista es el grupo mayoritario en el Congreso del Estado, esto no implicará que se determine la sanción con base en revanchas político-partidistas, “hay quien ha propuesto eso (inhabilitación), en lo personal no contemplo ese criterio pero se están discutiendo todas las opciones, no se ha llegado a ninguna resolución por parte del grupo parlamentario PRI-Verde y mucho menos consenso con otros grupos parlamentarios”.
El priista explicó que a fin de lograr una resolución objetiva y con base en la ley, la representación parlamentaria de cada una de las fuerzas políticas analizan la orden de los tribunales federales para aplicar una amonestación al presidente municipal de la capital, “quedamos que nos tomaríamos varias semanas para volver a reunirnos, que cada quien lo estudie y consultar qué es lo que procede con el criterio de la ley y bajo criterio de ética política”.
