Después del fallo del Tribunal Electoral Enrique Peña Nieto llegará a la presidencia el próximo 1º de diciembre y lo hace en un momento en el que, según muchos especialistas, México vive el momento más agudo de inseguridad y violencia de los últimos 80 años aunque las noticias no den certeramente cuenta de ello. A estas alturas, nadie sabe a ciencia cierta los números reales pero se habla aproximadamente de 65 mil personas desaparecidas en la guerra contra el narco y del paso de cuatro a siete carteles desde el inicio del gobierno de Felipe Calderón. Los últimos mapas publicados nos muestran la forma cómo los carteles de Sinaloa, Juárez, Los Zetas, El Golfo, los Caballeros Templarios, la familia Beltrán Leyva y Jalisco Nueva Generación se han dividido el país. Por otra parte, las cifras que esta guerra arroja, según Hacienda, ascienden al menos 10 millones de dólares en lavado de dinero, que entran al sistema financiero del país.
Frente a esta realidad, Enrique Peña Nieto ha planteado un programa para combatir el problema del narcotráfico, que en realidad no dista mucho del llevado a cabo por el gobierno actual, a saber, mantener el despliegue de fuerzas armadas para combatir a los cárteles y mantener comunicación con las agencias internacionales aumentar el número de policías federales. Lo que parece ser algo nuevo es la intención de crear una Gendarmería Nacional formada por civiles y militares y devolver el mando de las corporaciones locales en direcciones estatales y lo más relevante, sin duda alguna, es la contratación del ex director de la Policía Nacional de Colombia, Óscar Naranjo, como asesor en materia de seguridad.
Como se sabe, Colombia está pasando por un momento muy interesante del que vale la pena aprender. El presidente colombiano Juan Manuel Santos, ha anunciado recientemente que comenzará una serie de “encuentros explorativos’’ con las FARC para buscar el fin del conflicto armado. Como se recordará, un intento de este tipo se había llevado a cabo en Colombia, aunque en una coyuntura muy distinta, hace 14 años, durante la presidencia de Andrés Pastrana 1999-2002. Ahora, Colombia ha comenzado el siglo XXI con un desarrollo importante y habiendo incrementado una clase media, fundamental para el desarrollo del país. En este nuevo contexto, las FARC son hoy consideradas, más que nunca, un freno para el desarrollo del país.
Las leyes de las víctimas y la de la restitución de las tierras han creado un ambiente favorable para la negociación en la opinión pública. El acercamiento con Venezuela y Cuba llevado a cabo recientemente por Santos ha ya comenzado a dar sus frutos. En febrero, las FARC anunciaron su intención de negociar y de no realizar más secuestros, no obstante, deben aún liberar a todos los rehenes que tienen en su poder. En los últimos años la organización ha cambiado su estrategia, renunciando a los secuestros a gran escala, aunque sigue estando relacionada con otro tipo de crímenes.
Para la negociación ambas partes se han hecho más realistas: las FARC han liberado a policías y civiles que tenían como rehenes desde hace muchos años y han declarado que no tomarán más civiles. Los guerrilleros se han acercado a sus principales referentes, Fidel Castro y Hugo Chávez, que se han mostrado más conciliadores que en el pasado, subrayando los últimos gestos del presidente Santos.
Por su parte el presidente Santos ha comenzado por reconocer la existencia del conflicto armado, marcando con esto, una distancia abismal respecto de su predecesor, Uribe. Asimismo la serie de instrumentos legales propuestos al Congreso, como son las leyes sobre las víctimas y la sobre la restitución de tierras, ha creado el cuadro jurídico idóneo, según los expertos, para negociar la paz. Desde el punto de vista práctico, el presidente ha comenzado a discutir públicamente el problema y se han abierto espacios para el debate. El nuevo mensaje de Santos es: de mantener esta situación Colombia continuará siendo un país subdesarrollado.
Desde el punto de vista militar, aunque el presidente Santos había mantenido una línea dura contra las FARC, recientemente ha establecido algunos principios básicos para negociar: no repetir los errores del pasado, respetar la voluntad de terminar el conflicto, mantener la presencia militar en todo el territorio, aun en los lugares donde se están llevando a cabo los encuentros y los que Pastrana había desmilitarizado. Todo esto ha creado un ambiente menos hostil y parece que las negociaciones se desarrollarán con discreción en las ciudades de Oslo y la Habana.
Ahora bien, entre los factores que están afectando las negociaciones los especialistas mencionan los siguientes: que el mandato de Santos termina en dos años y que tal no vez no tenga tiempo suficiente para concluir su cometido; que su ex-aliado Uribe se ha convertido en el crítico más feroz del proceso de paz a través de las redes sociales; que habrá que confiar en el poder negociador de Sergio Jaramillo, consejero de seguridad nacional, a cargo de las negociaciones con las FARC; y finalmente, que habrá que convencer al ministro de la defensa, Juan Carlos Pinzón, de que es hora de llegar a un acuerdo con los guerrilleros.
Paralelamente la opinión pública colombiana se ha manifestado a favor de las negociaciones y contra el radicalismo del presidente anterior, Álvaro Uribe, que pensaba controlar la guerrilla con las armas. Como puede verse, el proceso de pacificación colombiana tiene mucho que enseñarnos a los mexicanos. Ahora bien, pensando en ese contexto es que cabe preguntarse qué podemos esperar de la invitación que ha hecho EPN al ex director de la policía colombiano Oscar Naranjo. ¿Acaso podemos pensar que EPN iniciará una política de debate, diálogo y negociación a todos los niveles para acabar con el conflicto armado que tanto daño ha ya causado en México como en Colombia? Sin duda alguna, será importante ver de qué forma EPN capitalizará la experiencia de Naranjo para el caso mexicano y si las nuevas políticas hacen eco en la opinión pública.
* Profesor-Investigador del CIDE
