- Un supuesto delincuente perdió contacto con sus familiares tres días antes de que se ejecutara una orden de aprehensión
- Hasta el momento, la Cedha desconoce los avances de dicha investigación
- Desaparición forzada debe mantenerse como delito autónomo, considera ombudsman
El presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Aguascalientes (Cedha), Jesús Eduardo Martín Jáuregui, informó que se investiga un caso de desaparición forzada -privación de la libertad de una persona a manos del estado- ocurrido en la entidad a mediados del año pasado.
Los hechos tuvieron lugar en Rincón de Romos cuando una persona del sexo masculino acusado de los delitos de violación equiparada y atentados al pudor en agravio de una menor de edad, fue detenido el miércoles 20 de mayo en respuesta a una denuncia presentada por la madre de la agraviada.
La Dirección de Averiguaciones Previas de la Fiscalía General del Estado (FGE) dijo haberlo dejado en libertad, sin embargo, sus familiares desconocieron el paradero de esta persona hasta que el viernes 22 el presunto delincuente “apareció” caminando por el municipio, momento en el que se ejecutó la orden de aprehensión girada por el juez Mixto de Primera Instancia, para posteriormente ser recluido en el Centro de Reinserción Social (Cereso) Aguascalientes.
“Se ejecutó un viernes la orden de aprehensión que se había dictado desde el miércoles (…) nosotros suponemos que hubo desaparición forzada, que la policía lo retuvo hasta que tuvo la orden de aprehensión pero que oficialmente dijeron que no lo tenían, entonces presentamos la denuncia a la Procuraduría General de la República (PGR)”, detalló el ombudsman local.
En su momento, los familiares del inculpado negaron los delitos de los que se le acusó y denunciaron que fue torturado por las autoridades antes de perder contacto con él; fuentes extraoficiales aseguraron que padecía de sus facultades mentales, por lo que no pudo defenderse de las acusaciones.
En caso de confirmarse la denuncia, la Fiscalía General del Estado (FGE) estaría incurriendo no sólo en un abuso de autoridad, sino en un delito de lesa humanidad, como lo considera la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.
Hasta el momento, la Cedha desconoce los avances de dicha investigación.
En ese orden de ideas, Martín Jáuregui comentó que actualmente se discute en el Congreso de la Unión la eliminación de la figura de desaparición forzada, considerando que se trata solamente de otra modalidad más del delito de desaparición de personas: “Personalmente opino que debería mantenerse la distinción porque es muchísimo más grave que sea el Estado, sus órdenes policiacos o de investigación, los que secuestren a una persona, que sean los propios grupos delictivos; en ambos casos, debe castigarse pero me parece que el que está obligado a proteger a la sociedad y no lo hace debe de recibir un castigo mayor”.
A principios de año, la organización Amnistía Internacional consideró que la iniciativa de Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Desaparición de Personas, enviada por el presidente Enrique Peña Nieto al Congreso de la Unión el 10 de diciembre de 2015, contiene vacíos que la alejan de los estándares internacionales referentes a esta problemática y entre sus recomendaciones, destaca la tipificación de la desaparición forzada como delito autónomo en todas las entidades del país.
