Si te vienen a contar… El derecho a contraer matrimonio constituye un derecho fundamental relacionado con la autodeterminación de las personas, mediante la cual toman decisiones esenciales sobre su vida e identidad, entre ellas, cómo y con quién compartir su vida… señala el proyecto de dictamen elaborado por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados y que se discutirá este miércoles. El proyecto de dictamen respalda la propuesta de Enrique Peña Nieto, con el argumento de que “el reconocimiento de la dignidad humana es la premisa sobre la que descansan todos los derechos humanos, incluyendo primordialmente al derecho a la igualdad y al de no discriminación”; pero ese es allá, en la capital del Imperio, acá en el rancho, las iniciativas referentes al matrimonio igualitario, presentadas por Movimiento Ciudadano, PRD y Nueva Alianza, no prosperaron, es más, ni siquiera llegaron a ser aprobadas en comisiones por lo cual el tema se quedará en el tintero en espera de que la LXIII Legislatura, azul en cuerpo y alma, decida retomarlas y acate la disposición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta disparidad de criterios ya fue señalada por organismos civiles en pro de los derechos de la diversidad sexual, que manifestaron su descontento ante el poco interés por parte de los legisladores para abordar el tema e, incluso, culparon del desinterés a Luis Fernando Muñoz López, presidente de la Comisión de Justicia, quien apenas ayer salió a sacudirse la culpa, el diputado no asumió su responsabilidad y aseguró que todo fue porque no se dieron acuerdos desde su comisión (integrada por María de los Ángeles Aguilera, Jesús Rangel de Lira, Juan Manuel Méndez y Leonardo Montañez, de los cuales, únicamente el último manifestó estar en contra del matrimonio igualitario), por lo que no sabemos de dónde viene la falta de acuerdos con que se justifica Muñoz López, quien asegura estar a favor del tema y ante una votación cerrada al respecto contaba con su voto de calidad como presidente para lograr el dictamen. Otro punto en contra de la propuesta, dijo el priista, fue que se contaba únicamente con 10 de los 14 votos necesarios para aprobar las modificaciones al Código Civil del Estado, si bien Luis Fernando Muñoz se negó a revelar los nombres de sus cuentas, haciendo un repaso de lo expresado por los legisladores, nuestras cuentas no coinciden, pues a favor de los derechos de la diversidad desde el PRI se manifestaron Jorge Varona Rodríguez, María de los Ángeles Aguilera y Eduardo Rocha Álvarez; a los que habría que sumar a los diputados promotores, Oswaldo Rodríguez García, Marco Arturo Delgado Martín del Campo, Armando Acosta Rodríguez, Juana Alicia Espinosa de los Monteros; por el Partido del Trabajo, Jesús Rangel de Lira indicó que votaría a favor del matrimonio igualitario, en el mismo sentido habría que contabilizar el voto de quien a pesar de su postura ambigua, dijo “estar a favor de los derechos humanos”, y si se cuenta así a Anayeli Muñoz, bien se puede sumar el voto de Gilberto Gutiérrez, ¿esos son los 10 votos que menciona Luis Fernando Muñoz?, ¿por qué descartó que la bancada mixta votaría a favor, con que criterio desechó los votos de los priistas que faltan?, engallado porque ya no habrá de rendir cuentas, al diputado priista se le hizo fácil aventar la papa caliente para otro lado.
Cositas malas… Mientras Luis Fernando Muñoz escabullía el bulto, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Aguascalientes, Pedro de la Serna López, reclamó prudencia a los diputados salientes, pidió que no se quieran despachar con la cuchara grande aprobando bonos extraordinarios en la recta final de la legislatura, y que hagan como los empresarios y el gobierno estatal, que han procurado ajustarse el cinturón en estos tiempos de austeridad. De la Serna López también reclamó que no por estar en sus últimos días dejen de trabajar y se conformen con los más de 90 pendientes que hay en la agenda legislativa; con respecto al desempeño legislativo, el dirigente empresarial lamentó el predominio de las corrientes partidistas al interior de las bancadas, que los obligó a atender a sus estrategias políticas más que a legislar como representantes populares que son; a estas críticas a los diputados se sumó Sergio Augusto López Ramírez, legislador del Partido Verde Ecologista de México, electo por la vía plurinominal, quien denunció que “de acuerdo a comentarios que ha escuchado” los diputados salientes y en particular los priistas María de los Ángeles Aguilera, Norma Guel y Jorge Varona, pretenden heredar a la LXIII Legislatura una nómina inflada, trabajadores sin liquidar y recursos insuficientes para el pago de liquidaciones. En actitud kamikaze, el próximo diputado salió con todo para obtener los reflectores y dejar sentado que la separación entre el Verde y el PRI va en serio, Sergio Augusto López dijo que le dijeron que hay órganos internos en el Congreso local que nadie sabe cómo trabajan ya que no tienen personal en oficinas pero que sí hay personas que cobran cada quincena, y citó el caso del Instituto de Investigaciones Legislativas. También acusó de que hay “gente de diputados” sin el perfil adecuado laborando en el Órgano Superior de Fiscalización, reavivando un chisme que hace un par de años tuvo su mejor momento; al próximo diputado Verde no le bastó con decírselo a los reporteros y reavivó el conflicto en el programa que conduce Alberto Romero, donde enfrentó a María de los Ángeles Aguilera, quien retó al militante tucán a salir a declarar públicamente, cuando después de la supuesta auditoría que dijo se iba a hacer, no encuentre nada a los legisladores susodichos, en ese mismo espacio, la diputada le aclaró que ella no forma parte del Comité de Administración y aprovechó para reprochar al cuatro veces diputado que sus periodos legislativos se han caracterizado por la opacidad y por no trabajar de la manera adecuada. Sergio Augusto se comprometió con Alberto Romero a dar a conocer a la opinión pública, los resultados de ese ejercicio de vigilancia y le dijo a la tricolor que nunca ha sido parte del Comité de Administración y que no tiene cuentas pendientes, pero cuando le preguntaron si alguna vez había agarrado algo que no fuera suyo, López Ramírez salió con un tímido: “El tema es, ahorita, que yo tengo mucha inquietud de cómo se está manejando el Congreso”, ¿algo así como que no van a dejar nada de dónde agarre cuando llegue?
Bono sube, bono baja. Cuando a finales de 2014 se diseminó la versión de que trabajadores de la Secretaría de Finanzas del municipio capital habían hecho un paro laboral porque no se les había pagado un bono, Antonio Martín del Campo salió de inmediato a desmentir el rumor y explicó que nomás habían sido unas cuantas personas las que entregaron una carta al secretario de Finanzas, Evaristo de la Torre Sifuentes; después se supo que el bono que solicitaban es una tradición anual y se compone de los gastos de cobranza que el municipio logra durante el programa de recaudación, y que el año pasado se negoció con el secretario de Finanzas antes de que los trabajadores acudieran a los medios; fuentes internas nos indican este año, justo cuando entre los trabajadores recababan las firmas para solicitar su bono, los empleados municipales fueron amenazados con ser despedidos. Hasta ayer, trabajadores del municipio se habían rendido ante la indiferencia del alcalde, síndicos y regidores, pues como ya es fin de administración no mostraron interés alguno, y ante las amenazas, prefirieron ya no solicitar audiencia con el alcalde Martín del Campo; ahora bien, los trabajadores del Cecytea y Conalep ayer lograron varios acuerdos en su beneficio, ¿eso no presenta otra perspectiva para los del municipio?, igual y al rato los vemos afuera de Palacio reclamando lo que consideran justo… habrá que esperar.
La del estribo… No llegaron los paquetes de carne a la Procuraduría General de la República, pues José Luis Morales no asistió ayer al citatorio programado para comparecer por la violación a comunicaciones privadas, de acuerdo con lo establecido en la averiguación previa FED/AGS/0000384/2016 en consecuencia a la demanda interpuesta por Jorge López Martín tras la difusión de varias grabaciones de llamadas telefónicas y Whatsapp protagonizadas por actores del PAN. La PGR dictará una medida de apremio para que el encuentro se cumpla la semana entrante. El delito de intervención de comunicaciones privadas está previsto en el artículo 177 del Código Penal Federal, que establece que esta práctica, sin mandato de una autoridad judicial competente, es sancionada de seis a 12 años de prisión y de 300 a 600 días multa. Ahí nomás…
@PurisimaGrilla
