- De 2011 a la fecha, se han contado 256 feminicidios, la Fiscalía sólo reporta cinco procesos
- Hay desaparecidas 263 personas, oficialmente sólo 33
El Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes (OVSGA) acusó falta de transparencia por parte del gobierno estatal en las estadísticas de muertes violentas de mujeres -feminicidios- y personas desaparecidas.
El gobernador Carlos Lozano de la Torre afirmó durante el Encuentro Internacional de Estadísticas de Género, el 7 de septiembre, que el estado registra cero feminicidios pues su gobierno promueve la denuncia de la violencia de género y facilita a las mujeres el acceso a la justicia. Sin embargo, la organización denunció que las cifras son maquilladas ya que los delitos de esta naturaleza no son calificados con esta agravante.
El delito de feminicidio, que hace alusión la privación de la vida de una mujer con motivo del machismo, no existe de manera autónoma en el Código Penal de Aguascalientes, sino que está considerado como calificativa que requiere que se presenten cualquiera de los siguientes tres supuestos: que se le hayan infligido lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones previas al homicidio, privación de la comunicación y signos de violencia sexual. En tanto, la legislación federal prevé nueve supuestos, detalló la abogada Paulina Consuelo Díaz Guzmán.
Reveló el caso de Lorena “N”, cuyo expediente fue etiquetado como feminicidio, tal como lo consignó el Ministerio Público, sin embargo el auto de formal prisión no contiene esta agravante porque el juez de causa determinó que no se presentó ninguno de los supuestos antes mencionados: “Tenemos su fotografía en una cajuela, el asunto se empezó a analizar a través de un narcomensaje que dejó su victimario para tratar de desviar la atención, con el torso descubierto y siete puñaladas, el que haya violencia de pareja ¿no es violentar a la mujer?, eso es lo que queremos que se visibilice”. Aclaró que si bien dicha agravante tiene escasas repercusiones en la punibilidad, sirve para visibilizar la problemática
En conferencia de prensa con motivo del Día Internacional de la Eliminación de Todas las Formas de Violencia contra las Mujeres, Mariana Ávila Montejano, coordinadora del OVSGA, anotó que de 2011 a la fecha se han contado 256 feminicidios -diez en la presente administración- pero la Fiscalía General del Estado sólo reporta cuatro procesos, sin contar el de Lorena “N”. Señaló que se continuará presionando para que los diputados de la actual legislatura, tipifiquen el feminicidio como delito autónomo.
Agregó que una situación similar ocurre con la desaparición de personas; la Clínica Jurídica administrada por el organismo tiene registro de 263 personas no localizadas, pero la autoridad reconoce únicamente 33.
Luego de que familiares de desaparecidos compartieran sus dolorosos testimonios a los medios de comunicación, las activistas exigieron las razones de por qué de las cuatro alertas amber emitidas, sólo una aparece activa en el sitio oficial; los criterios que llevan a la autoridad responsable la activación y desactivación de las alertas y por qué los familiares de las víctimas tienen nulo acceso a las carpetas de investigación, derecho consagrado en la Constitución.
“En los casos de muertes violentas de mujeres, así como en algunos casos de mujeres y adolescentes privadas de su libertad, hemos encontrado que independientemente de la presunción de violaciones a la debida diligencia, las investigaciones han carecido de perspectiva de género a pesar de que la Ley de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia reformó desde el 25 de febrero de 2013 su artículo 60 para determinar que corresponde a la Fiscalía elaborar y aplicar protocolos con perspectiva de género en la búsqueda de mujeres, niñas y niños desaparecidos, pero hasta el momento es letra muerta”.
Las activistas consideraron que en México y en Aguascalientes queda mucho camino por recorrer en materia de acceso a la información pública, para que por medio de esos datos, ciudadanos y organizaciones civiles evalúen el desempeño de las políticas públicas destinadas a la visibilización de las violencias y las estrategias para su erradicación, indicadores que permitirán conocer a detalle la respuesta de las instituciones frente a esta problemática en los ámbitos preventivo, jurídico y sanitario.
