- Según el líder de Mopes, Manuel González, pese a la publicación tardía del aumento en el Periódico Oficial del Estado el ajuste tarifario aún es ilegal
- No hubo resolución formal del Consejo Consultivo del Transporte Público, tampoco se consultó a los usuarios, quienes forman parte de la comisión tripartita para las concesiones del transporte público
El cobro de la nueva tarifa del transporte público sigue siendo ilegal a pesar de la publicación tardía en el Periódico Oficial del Estado, toda vez que no hubo resolución formal del Consejo Consultivo del Transporte Público, no se consultó a los usuarios y se hizo a destiempo, según el presidente del Movimiento Popular para la Emancipación Social (Mopes), Manuel González.
Pese a que la quinta sección del acuerdo del aumento a la tarifa del transporte público se reveló el viernes a través del Periódico Oficial del Estado, lo que teóricamente haría cumplir con la ley dicho ajuste tarifario, según González, el cobro de los 7.50 pesos aún es ilegal pues en primera instancia, el aumento se publicó a destiempo, por lo que no se hizo de manera correcta el procedimiento.
Además, no hubo un dictamen formal del Consejo Consultivo del Transporte Público del Estado, sino que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) llegó a una resolución por sí misma que no le corresponde, según Código Urbano en los artículos relacionados con la tarifa del transporte.
Respecto a las concesiones, el Código Urbano establece una comisión tripartita compuesta por una representación gubernamental, concesionarios y los usuarios; sin embargo, estos últimos no fueron consultados, por lo cual se ignoró la normativa del estado.
Por ello, aseguró el líder de Mopes, la publicación de la quinta sección del Periódico Oficial obedeció a un esquema corrupto, a un pago de favores y a una irresponsabilidad y una falta de compromiso ético con la función pública tanto del secretario de Sedatu como del director del Periódico Oficial del Estado: “Con ello nosotros seguimos diciendo que la tarifa sigue siendo ilegal aún y cuando haya sido publicada, pues esa publicación viola el concepto de certeza jurídica que establece que todo ciudadano debe de tener derecho en torno a la aplicación y entrada en vigor de la ley”.
