- El número de notarías públicas no es proporcional a la cantidad de habitantes del estado
- Favores políticos imperaron en el proceso de asignación de nuevas notarías
El artículo 86 de la Ley del Notariado para el Estado de Aguascalientes estipula que “Habrá una notaría de número por cada veinte mil habitantes, tomándose como base el último Censo General de Población”, ante lo cual afirma el Partido de la Revolución Democrática (PRD), en voz de su presidente local, Emanuelle Sánchez Nájera, tras la entrega de nuevas fiats notariales por parte del gobierno de Carlos Lozano de la Torre, se excedió tal consideración, toda vez que fueron autorizadas hasta nueve notarías por el exgobernador.
“En teoría, Aguascalientes podría cumplir con esta proporcionalidad, en teoría llegaron hasta la notaría número 65; quiere decir que podría haber notarios hasta por un millón 300 mil habitantes, que en teoría es lo que se cree que Aguascalientes va a tener el próximo año; casi abusivo por dos razones: primera, porque ese número de población es algo que se está pensando que va a suceder, es decir, que está aplicada sobre una proyección. Pero el segundo dato es que la Ley de Notarías Públicas dice que se debe de hacer sobre el censo general de población que hace el Inegi, y ese censo evidentemente no se realiza en el 2016.”
Sánchez Nájera exigió al gobierno de Martín Orozco Sandoval que suspenda la entrada en funcionamiento de las últimas notarías, en tanto no quede sentada una cifra oficial en torno a la población aguascalentense a la fecha: “Por lo menos que sea posible permitir que no se ejerzan hasta que se haga de manera correcta; lo que implica que lo que está validado para que este proceso sea correcto, es el censo de población del Inegi, y esto no va a ocurrir hasta dentro de cuatro años, si mal no recuerdo por como hace el Inegi sus censos. De otra manera, no sólo sería irregular su aplicación, sino su funcionamiento”.
El perredista refirió que la entrega de dichas fiats se llevó a cabo con base en compromisos políticos, por lo que solicitó que el nuevo gobierno revise a los beneficiarios y considere la revocación de las notarías, “esto muestra el grado de corrupción, de poca transparencia con el que Gobierno del Estado se condujo siempre, debe quedar muy claro que no es que haya cerrado de una manera distinta a la que se condujo siempre. Permite que algunas cosas se puedan transparentar; pero lo cierto es que estos hechos irregulares se vinieron repitiendo durante todo el sexenio. Esto se vuelve público porque hay un cambio de gobierno, un cambio de color en la administración estatal, sino todo esto siguiera oculto”.
Agregó que al igual como ocurrió en la entrega de concesiones de taxis, muchos aspirantes a obtener un fiat notarial quedaron fuera de tal oportunidad a causa de favoritismos políticos, “cierto es que aspirar a una Notaría Pública es algo muy complicado, y hay abogados que lo han intentado durante años, y con este antecedente es claro que nunca lo van a lograr, a menos que sean incondicionales del gobernador en turno. Hay que hacerle un llamado contundente al mandatario estatal a que lleve una minuciosa revisión al tema”.
