- Pide Coparmex proceder por la vía legal contra Arturo Solano; con su renuncia voluntaria no pagará por los actos de corrupción que se le adjudican
- Diputados de la anterior legislatura deben explicar reparto de puestos en el OSF
En opinión de Francisco Ruiz López, presidente estatal de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), se deben utilizar los cauces legales para investigar los actos de corrupción atribuidos al titular del Órgano Superior de Fiscalización (OSF) Arturo Solano López y no sólo exigir su destitución como pretende el Congreso local: “porque si esta persona realmente usó su puesto para enriquecerse ilícitamente, la consecuencia debe ir más allá de únicamente una renuncia voluntaria”.
Consideró que la remoción del auditor debe apegarse a la legalidad “no debe removerse nada más porque sí”, y que todos aquellos a los que se les ha denunciado malas prácticas tienen que proceder por la vía legal a través instancias que pudieran castigar el delito y no solo denunciar a través de los medios de comunicación como se ha hecho hasta el momento.
En entrevista para La Jornada Aguascalientes, el empresario dijo que pedir una renuncia voluntaria no soluciona el problema, menos cuando el trasfondo de la exigencia es satisfacer las necesidades de la legislatura entrante: “si eso lo quieren hacer ellos para colocar a una persona a modo con la que tengan cercanía, o colocar posiciones dentro de un sistema burocrático, me parece que sería algo que lastimaría mucho a la ciudadanía y esta bancada quedaría muy mal”.
Refirió que es entendible que los diputados entrantes quieran poner a gente allegada a ellos, sin embargo pidió no perder de vista que ese puesto en específico requiere de un perfil capaz de exigir una rendición de cuentas de los recursos públicos, por lo que se tiene que designar a los más aptos: “entonces las consecuencias de cualquier acto van mucho más allá, si realmente hubo un acto de corrupción y si no está denunciado se tiene que hacer”.
Ruiz López agregó que tanto los exdiputados como los propios partidos políticos deben responder por los documentos que exhiben que casi la totalidad de las bancadas de la anterior legislatura acomodaron a sus conocidos en la nómina del OSF con sueldos de siete a 26 mil pesos mensuales, como informó ayer la columna de esta casa editorial: “yo creo que los legisladores anteriores deben responder por sí mismos, y si ello conlleva un conflicto de intereses deben responder ante ello y recordar que a final de cuentas el sistema de nominación de la legislatura pasada es a través de partidos políticos y estos también se deben hacer responsables por las personas que en su momento estuvieron en estos puestos”.
