El primero de septiembre del presente año, el Presidente presentó ante la Cámara de Diputados, su propuesta de reforma a la Ley Federal del Trabajo. No soy abogado, y por lo tanto no me meteré en el tema legal. Más bien, me centraré en la pertinencia de la Reforma.
La Reforma no es inadecuada. El diagnóstico que se presenta en la propuesta persiste. ¡Pero no es tema nuevo! Al menos desde el 2004 existe evidencia que sustentaría los propósitos de esta Reforma. ¿Por qué hasta ahora?
El Banco Mundial en el año 2004 ya anticipaba desequilibrios en el mercado laboral de México. Es decir, desde antes de la campaña presidencial del año 2006, ya existían insumos para discutir la modificación a esta Ley. En términos generales, el reporte del BM señalaba la poca flexibilidad que existía en el país en cuestión de contratación y despidos.
Asimismo, para el año 2005, el Latinobarómetro reportaba un alto índice de percepción de inseguridad laboral.
En consecuencia, para el año 2008 diversos trabajos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) colocaban a México como uno de los países con legislaciones laborales más estrictas que aseguran una mayor estabilidad en el empleo mediante altos costos de despidos, pero que a su vez destinan escasos recursos a la protección social.
En términos comparativos, en base a los datos anteriores, México se ubicaba en este contexto:
(Véase tabla)
Así pues, existe un espacio para cuestionar la “puntualidad” de la reforma. Este problema ya existía. Incluso desde el inicio del periodo presidencial de Felipe Calderón. Si bien es cierto que “más vale tarde que nunca”, en temas tan importantes como lo es el laboral, la pertinencia debiese imperar.
El contar con un marco legal que asegure a las empresas un margen más flexible para reaccionar ante los choques macroeconómicos y brindar una mayor seguridad al trabajador no puede esperar demasiado. Si algo se podía hacer desde el 2006, se debió discutir. Consideremos que se enfrentó la crisis del 2008 con una Ley del Trabajo superada por la realidad que en consecuencia limitó la creación de empleo productivo y protegido.
Otro punto: el incómodo. El querer incidir en la elección interna de los sindicatos, así como obligarlos a rendir cuentas dificultará la discusión en el Congreso. Existen muchos intereses de por medio. La negociación a que se llegue dará indicios del grado de madurez política del país. Pero en realidad, será muy difícil que la propuesta de reforma “la libre” en este tema.
Por último, a pesar del alto porcentaje de población dentro del sector informal (aproximadamente el 50 por ciento), la propuesta no incluye una postura al respecto. La existencia de una considerable economía informal requiere de estrategias de inclusión económica y social. Así es, es parte de la cohesión social que como país debemos alcanzar. Mientras no se incluya la informalidad en la agenda de políticas, se podrá crecer económicamente, pero el desarrollo equitativo seguirá en espera.
