- El mayor índice de violencia política se comete contra mujeres en el ejercicio de sus funciones públicas
- Destaca el caso es el de la entonces precandidata a la alcaldía de Aguascalientes, Alma Hilda Medina Macías, quien recibió amenazas en su domicilio
La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), en su lucha contra la violencia política de género y en concordancia con la aplicación de las reformas del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, implementó una Oficina de Derechos Humanos y Atención a Víctimas, integrada por áreas especializadas que brindan apoyo sicológico, jurídico, de seguimiento y protección para las víctimas, misma que tiene bajo su registro un total de 52 casos de violencia política de género.
Cabe señalar que para brindar protección a las víctimas de los delitos electorales, en los casos que se ha considerado que está en riesgo su integridad física, se ha solicitado la protección a la Comisión Nacional de Seguridad por agentes de la Policía Federal, siendo un total de 16 solicitudes.
De estos casos destaca el de una regidora del municipio de Tecamachalco, Puebla, a quien la Fepade y elementos de la Policía Federal Ministerial han brindado acompañamiento, así como el de una presidente municipal de Tlapa, Guerrero, cuya protección se solicitó fuera ampliada.
Se ha otorgado la calidad de víctima a 26 mujeres, solicitando su ingreso inmediato al Registro Nacional de Víctimas, de las cuales sólo se atienden trece.
La Fepade ha detectado que el mayor índice de violencia política se comete contra mujeres en el ejercicio de sus funciones públicas teniendo un registro de 21 casos, así como de candidatas en procesos electorales con diez casos, funcionarias electorales y funcionarias partidistas con ocho y seis casos, respectivamente, asimismo ha notado una preocupante cifra de casos de violencia contra mujeres indígenas que ostentan cargos públicos y se ven obstaculizadas en el desarrollo de sus funciones.
Dentro de los casos más relevantes se encuentra el de la vocal ejecutiva de la Junta Distrital Ejecutiva 07, en el estado de Oaxaca, quien fue atacada por un grupo de manifestantes en un evento público y donde se liberaron y cumplimentaron órdenes de aprehensión.
Se encuentra el caso de la presidente municipal de Chenalhó, Chiapas, quien fue obligada a dimitir de su cargo el 25 de mayo de 2016.
La magistrada electoral local en San Luis Potosí hizo del conocimiento que fue víctima de violencia política en el desempeño de sus funciones por parte del presidente de dicho Tribunal, impidiendo el correcto desempeño de sus funciones.
Otro caso es el de la precandidata a la alcaldía de Aguascalientes, Alma Hilda Medina Macías, quien recibió amenazas en su domicilio.
La Fepade inició carpeta de investigación derivado de una denuncia iniciada de oficio a través del conocimiento de diversas notas periodísticas publicadas en los medios de comunicación, acerca de la obstaculización en las funciones electorales de los consejeros, al no recibir el sueldo correspondiente a sus funciones y la falta de presupuesto para el Instituto Electoral del Estado de Nayarit.
En atención al Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres y derivado de una nota periodística publicada en un diario, la Fepade inició una carpeta de investigación por los hechos ocurridos en agosto de 2016, cuando trabajadores del Ayuntamiento del municipio de Mártir de Cuilapan, mejor conocido como Apango en Guerrero, desarmaron a la Policía Municipal, destruyeron e irrumpieron en al menos dos propiedades de la presidente municipal, agredieron a sus familiares, saquearon y destruyeron algunas cosas que encontraron a su paso.
La Fepade inició carpeta de investigación, derivada de una denuncia anónima, atendiéndose de manera inmediata por la difamación y discriminación con elementos de género a una de las consejeras integrantes del organismo público electoral de Coahuila, quien aparentemente fue hostigada por representantes de partidos políticos, dicha consejera fue buscada por la autoridad ministerial y declarada víctima para brindarle el acompañamiento, atención e iniciar la investigación para esclarecer los hechos, brindar seguridad a su integridad física y sicológica.
Con información de la PGR
