Ya lo detalló Gerardo Esquivel (El Universal 03/01/2017), este aumento tiene efectos directos e indirectos sobre toda la población. En primera instancia, el aumento de entre el 15 por ciento y 20 por ciento, en el precio de la gasolina impactará directamente sobre todo aquel que posee un automóvil; es decir, lo que él llama la clase media. Aunado a esto, como parte de los efectos directos el mismo autor discute de manera pertinente la causa y no el aumento en sí (consecuencia). La causa vendría a ser “el desmantelamiento y la subutilización de la capacidad refinadora del país”, decisión arrastrada desde sexenios anteriores.
Por el lado de los efectos indirectos, se destaca el aumento en el costo del transporte público, los productos de consumo que son básicos, disparidad en el aumento de los precios según la capacidad instalada en cada territorio (se esperaría entonces que aquellas zonas más pobres sean -aún- las más afectadas) y el encarecimiento del crédito (y por ende la disminución en el consumo y la inversión) como parte de la previsible alza en las tasas de interés del Banco de México. Señalados estos argumentos, vale decir que este aumento ya nos está, y nos seguirá, afectando a todos los mexicanos.
Desde otra perspectiva, pero en la misma discusión, cada vez se hace más difícil contrarrestar la profunda y evidente debilidad de la gobernabilidad del Gobierno Federal. Falta de liderazgo y deslegitimidad han terminado por aislar al presidente y a su equipo del mundo real. Corrupción, la violencia doméstica del país, un entorno externo complejo producto de la violencia verbal y las ambigüedades de Trump han venido a socavar la relación Gobierno-Ciudadanía, la cual terminó por deteriorarse aún más con este aumento del precio de la gasolina.
Se suma a lo anterior el polémico discurso que el presidente pronunció la semana pasada. En Letras Libres, Luis Alberto Espino (06/01/2017) señala al menos cinco errores sustanciales de este discurso, de los cuales señalo los que a mi parecer son los dos más importantes: 1) no es claro en los temas que importan aquí y ahora: qué medidas se tomarán respecto a los saqueos y los disturbios que se han suscitado en todo el país y hasta qué punto se espera que este aumento de precios afecte el bolsillo de las familias; y 2) aludir a la falta de información de la gente usando cifras y comparaciones presupuestales, lo cual termina por violentar aún más a una ciudadanía desgastada por las injusticias y al mismo tiempo preocupada por el porvenir: en resumen, el presidente nos confirmó que aumenta la gasolina porque si no tendríamos que recortar el gasto y aumentar la deuda.
Entonces, la retórica se comenzó a construir al revés. ¿Que el subsidio a la gasolina reduce el espacio fiscal del Gobierno para mantener el gasto social y productivo? Sí, lo reduce. Pero también es cierto que los ajustes fiscales ya se hicieron desde hace un par de años. Recordemos que en el 2015 y 2016 se anunciaron un par de ajustes cercanos al 0.7 por ciento del PIB, con motivo de la significativa reducción del precio internacional del barril de petróleo. Contrario a lo que se esperaría si lo que se quiere es reactivar la economía, estos recortes se orientaron más al gasto de inversión productiva que al gasto corriente (por ejemplo, del total del último recorte anunciado en 2016, cerca del 80 por ciento fue de gasto de inversión y 20 por ciento de gasto de capital, una vez considerado Pemex y CFE dentro del recorte).
También es cierto que la deuda ya aumentó. Para el 2015 la deuda del Gobierno Federal ascendía a 35 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que para el 2016 el nivel de deuda ascendió a 37 puntos, cifra cercana al promedio de los países de América Latina (38 por ciento, aproximadamente). Antes del aumento del precio de la gasolina la deuda ya había aumentado al menos 2 puntos del PIB.
Con todo esto, queda la sensación de que las decisiones se han tomado: 1) de manera improvisada y 2) en una cocina en donde discuten no más de cuatro personas, pensando que una vez que la decisión se tomó sólo hay que ejecutarla. Ha quedado de lado y sin importancia la esfera pública.
Aunado a esto, la conciencia medioambiental y la importancia de mantener las finanzas públicas sanas son temas que entran tarde a la discusión. Si bien son argumentos razonables, la ciudadanía merecía discutirlos antes de recibir el golpe al bolsillo, después de poco sirve.
México es un país en vías de desarrollo, con profundos desafíos que exigen una responsabilidad especial en la toma de decisiones de política. Pensar en un aumento en los precios de la gasolina como medida para sanear las finanzas públicas e incentivar el uso de transporte sustentable suena poco convincente para un México, el de hoy, cuyas instituciones públicas y privadas padecen un daño estructural, con una economía que crece a un magro dos por ciento, con más de 55 millones de personas pobres y en donde cerca del 30 por ciento de la riqueza generada se queda únicamente en el uno por ciento más rico de la población.
