- La iniciativa que prepara el grupo parlamentario del PAN carece de política pública
- Denuncia Observatorio de Violencia Social negligencia para la aplicación de la norma 046 en la Fiscalía
La criminalización del aborto cierra la puerta de la justicia a las mujeres víctimas de violaciones sexuales, señaló la coordinadora del Observatorio de Violencia Social y de Género (OVSGA), Mariana Ávila Montejano, con relación a la iniciativa preparada por la Comisión de la Familia en el Congreso local -presidida por Paloma Amézquita Carreón- para endurecer las penas contra la interrupción del embarazo además propiciará la violencia a manos de instituciones, particularmente hacia el sector de escasos recursos.
Ávila Montejano consideró que la propuesta de ley de la diputada del Partido Acción Nacional (PAN) “para proteger la vida desde la concepción” carece de una verdadera política pública que resguarde a las personas, pues no ofrece garantía alguna en materia de salud, seguridad, economía o justicia. Tampoco plantea alternativas reales a problemáticas sociales como el embarazo precoz y los menores en situación de abandono: “Estamos hablando de 600 a 700 niños resguardados por el DIF, resguardados en orfanatos, albergues, casas de día y no están regulados, no hay regulación o no hay una intervención legislativa a pesar de que se han hecho observaciones al respecto”.
La activista advirtió que de aprobarse, el ordenamiento complicaría aún más a las víctimas de violencia sexual el acceso a la justicia y denunció que a través de las labores de acompañamiento realizadas por el OVSGA, se ha detectado trabas institucionales por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE), a quienes apelan a la Norma Oficial Mexicana 046 para practicar legalmente el aborto en casos de violación, siempre y cuando la parte agraviada así lo desee: “De hecho la mayoría de las víctimas no lo decide así, pero de las personas que hemos tenido conocimiento no ha sido posible”.
En entrevista, conminó a la LXIII Legislatura a no bloquear el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres: “Involucrarnos en la toma de decisiones del cuerpo de las niñas y adolescentes tiene que hacerse con una visión de derechos humanos, del acceso a la salud sexual y reproductiva, científica y laica en las escuelas; y garantizar la formación de los profesionistas de cada una de las áreas que se involucran”.
Actualmente, 17 estados del país consideran la vida desde la fecundación: Baja California, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán, según datos de la organización Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE).
En el estado de Aguascalientes está permitida la interrupción del embarazo en casos de violación, cuando el producto presenta malformaciones y cuando la vida de la madre corre peligro.
