- Revisar mochilas no atiende las causas de la problemática
- Familias, autoridades y sociedad en general, corresponsables de generar el cambio cultural hacia la paz y el respeto de los derechos humanos
Para la senadora Angélica de la Peña, la tragedia acontecida en un colegio en Monterrey, Nuevo León, es consecuencia de una cultura de la violencia, en la que las armas de todo tipo, las agresiones, la ruptura del tejido social, la impunidad, la corrupción y la inseguridad son parte de nuestra cotidianidad.
Dijo que revisar mochilas en las escuelas no resuelve las causas de la problemática ni puede garantizar la seguridad que todas las madres y padres de familia quieren para sus hijas e hijos, “Este tipo de acciones solamente criminalizan a las niñas, niños y adolescentes, además que son violatorios de sus derechos humanos”, acotó.
La recomendación No. 21/2015 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), ha observado que las revisiones a las mochilas de estudiantes violenta el derecho de estos a la intimidad, seguridad jurídica, no discriminación e interés superior.
Por si fuera poco, continuó la senadora del PRD, estas revisiones violentan el principio de presunción de inocencia pues criminalizan a toda la comunidad estudiantil al suponer que cualquier estudiante puede ocultar un arma en su mochila.
Señaló que no debería sorprender que un niño o niña o adolescente cometa actos de extrema violencia, pues simplemente están reproduciendo lo que ocurre todos los días en sus comunidades, en sus hogares, que contemplan en programas y noticieros de televisión y en redes sociales, “desde que inició la llamada contra el narcotráfico los asesinatos, las ejecuciones, las desapariciones forzadas, los secuestros, las fosas clandestinas, han sido cosa de todos los días y dejamos de sorprendernos y repudiarlos, y aprendimos a vivir con ellos”.
La responsabilidad de garantizar la seguridad y las condiciones necesarias para un desarrollo integral y equilibrado de niños, niñas y adolescentes, corresponde a las autoridades de los tres órdenes de gobierno acorde a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, además de instrumentos internacionales signados por el Estado mexicano.
Por lo tanto, afirmó la también presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, los gobiernos en sus tres niveles tienen la obligación de diseñar e implementar con los recursos suficientes políticas públicas encaminadas a prevenir el delito, combatir a la delincuencia común y organizada, erradicar la violencia intrafamiliar y la reconstrucción del tejido social.
“Por ejemplo, en las escuelas deberíamos observar un programa de capacitación para el profesorado a fin de que puedan detectar afectaciones sicológicas en las y los alumnos para que los canalicen a la atención especializada; también deberían construirse espacios deportivos, bibliotecas y centros culturales donde niñas, niños y adolescentes encuentren un espacio seguro de esparcimiento”, añadió de la Peña Gómez.
Además, las familias deben concientizarse sobre el peligro de las armas en el hogar; padres y madres deben supervisar la información a la que acceden sus hijas e hijos a través de internet y redes sociales, deben comunicarse realmente con ellas y ellos y dedicarles tiempo de calidad.
De la Peña apuntó que México es uno de los países con mayor índice de violencia contra adolescentes, y la resolución de las violencias debe ser estructural y quienes están al frente de los gobiernos son los primeros obligados a respetar la legislación vigente, tanto la nacional como la internacional, “la revisión de las mochilas violenta los derechos humanos de la niñez y la adolescencia”.
