- El sindicato patronal no respalda los planes de inversión de Inmobiliaria Imagen Visión
- Lamenta Francisco Ruiz que se haya politizado el caso y pide consecuencias penales contra los responsables
El presidente estatal de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Francisco Ruiz López, consideró necesario sancionar a los funcionarios que autorizaron el ecocidio en el ejido Ojocaliente, omitiendo el mandato emitido por un juez federal para evitar la tala de árboles.
En conferencia de prensa, lamentó que se haya politizado la discusión de la deforestación de parte de los 221 mezquites y huizaches del lugar en que se pretende edificar la Plaza Outlet Aguascalientes, pues antes que el color partidista, debe criticarse el desacato de los responsables: “Es incorrecto que se hayan saltado la prohibición judicial para construir ahí (…); nadie, ninguna empresa puede estar por encima de la ley”.
Hay que recordar que en respuesta al juicio 242/2017 promovido por el abogado Marco Agustín Ramírez Rodríguez, el juez tercero de distrito determinó la suspensión provisional del derribo del arbolado y ordenó a la delegación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) realizar todos los actos necesarios para impedirlo, lo que finalmente no ocurrió, con la complacencia del gobierno de la capital.
El dirigente empresarial demandó fincar responsabilidades y castigar no sólo por la vía administrativa, económica y penalmente a todos los involucrados, porque de lo contrario los servidores públicos que ejerzan actos indebidos en cualquier tipo de materia, en este caso ambiental, nunca recibirán escarmiento: “Aquí vemos que hubo una autoridad que hizo caso omiso a una orden judicial para detener la tala de árboles y lo hizo presumiblemente con alevosía y ventaja, para dar tiempo a la empresa de cortar los árboles”.
Ruiz López dejó en claro que tampoco se defenderá a la constructora Inmobiliaria Imagen Visión por continuar con sus inversiones en la entidad; e independientemente de que se trate de una empresa local o de otra parte del país, destacó que nadie debe estar por encima de la ley, ni siquiera en nombre del desarrollo económico: “El problema de México y lo que vemos para el desarrollo de distintas iniciativas para incidir como sociedad civil es que no se aplica la Ley y aquí, lo que vemos es que no se aplica la ley ante un hecho muy claro”.
Señaló también que en el estado hay muchos otros espacios en donde el sector inmobiliario puede invertir sin causar daño irreparable al medio ambiente.
