- La Ley de Seguridad Interior debe plantear definiciones claras, que permeen todos los ámbitos de gobierno
- Las imprecisiones en la información sobre estadísticas delictivas no se reducen a problemas metodológicos: Joel Salas Suárez
Las fuentes oficiales discrepan sobre el número de homicidios en México y esto repercute en el derecho de la población a conocer la situación de la violencia y la delincuencia en sus comunidades, destacó el comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Joel Salas Suárez.
“Las imprecisiones en la información sobre estadísticas delictivas no se reducen a problemas metodológicos. Privan a la población de su derecho a conocer claramente la dimensión de la violencia y la delincuencia en sus comunidades, municipios y estados. No nos permiten tener una dimensión nacional del reto que enfrentamos”, señaló el comisionado.
Al participar en el panel Retos en la Clasificación y Sistematización de Estadísticas Delictivas en el marco del Foro Internacional de Evaluación de Estadísticas Delictivas, organizado por la asociación civil México-Evalúa y la Embajada Británica en México, Salas Suárez precisó que durante el actual Pleno, se han recibido 981 solicitudes de Información relacionadas con temas de seguridad nacional y de éstas, 188 derivaron en recursos de revisión. Lo que significa que en el 19 por ciento de los casos los solicitantes recurrieron al INAI ya que no se respetó completa o parcialmente su derecho de acceso a la información pública.
Señaló que de las solicitudes de información, ninguna estuvo relacionada directamente con estadísticas delictivas, es decir, se solicitó información sobre sentencias emitidas a la delincuencia organizada, operación de algunos cárteles del narcotráfico, averiguaciones previas, tipo de delito, número de ejecuciones y número de agresiones, precisó el comisionado.
Salas Suárez agregó que el concepto de seguridad nacional es tan amplío que bajo ese rubro se solicita información pública de manera recurrente; por ejemplo: el número de elementos policiales de un estado o municipio, contrataciones públicas para infraestructura nacional clave, características de daños a instalaciones petroleras o de la Comisión Federal de Electricidad e información sobre servidores públicos -desde currículum vitae, remuneraciones y justificaciones de por qué se ocupa un cargo-.
Por ello, la discusión y la posible aprobación de la Ley de Seguridad Interna es una oportunidad para construir una plática sobre la seguridad pública, efectiva, eficiente y eficaz, sólo si se permite contar con cifras delictivas claras, advirtió el comisionado. Salas Suárez puntualizó que uno de los retos es clarificar las definiciones de “seguridad nacional” y “seguridad interior” para que los sujetos obligados cumplan con la obligación de generar y publicar las estadísticas delictivas y no reserven la información: “La Ley de Seguridad Interior debe plantear definiciones claras, que permeen todos los niveles de gobierno. De esta manera, será más factible que existan incentivos para entregar información pública y entonces, permitir procesos de rendición de cuentas y cerrar espacios a la opacidad sobre el cumplimiento de las atribuciones en seguridad”.
Se tiene que evitar que prevalezca la suspicacia de la población en torno al uso de la fuerza para mantener la seguridad, consideró el comisionado.
Con información del INAI
