Seguramente usted como yo está cansado de ver cómo todos los días siguen cometiéndose abusos de todo tipo y ante los ojos de la autoridad que permanece inerte, que no proporciona una eficaz respuesta a las necesidades, mucho menos al enfrentar los problemas que como población tenemos.
Justamente por ello, hoy quiero hacer la reflexión acerca de los grados de corrupción que alcanza nuestro país, en actos a veces tan cotidianos que ni siquiera nos damos cuenta que estamos inmersos en ellos, situaciones a veces tan simples que ya no catalogamos como lo que son, actos de descomposición social.
Desde el que vende litros incompletos de gasolina, pasando por el que se enriquece mediante la elaboración y expedición de productos apócrifos; el que se presta a realizar trámites en beneficio de terceros, y el que accede a pagar cuotas para obtener otro tipo de beneficios; el que expende documentos falsos, pero también el que los solicita; quién no ha conocido o participado de alguno de estos actos.
La percepción social de la corrupción sobre todo en el sector público, crece año con año y este fenómeno se encuentra entre las principales preocupaciones de todos, más cuando se conoce que el porcentaje de los delitos asociados a ella, cometidos, pero no castigados, alcanza un 95 por ciento.
De acuerdo al Índice de Percepción sobre corrupción que realiza Transparencia Internacional, nuestro país se encuentra en el lugar 105 de 176 naciones. En este registro nos vemos a los ojos del mundo igual que países como Kosovo, Mali, Filipinas y Albania. De un comparativo con los países que integran la OCDE, mejor ni hablamos.
Ser de los países más corruptos no nos suena difícil pues hemos llegado a tal punto que estamos acostumbrados a ella. Las sanciones a las prácticas de corrupción son inexistentes. Desde el que da una mordida, hasta el que consigue una prebenda, es ahora hábil, sabe su negocio, y tiene colmillo.
La corrupción se traduce en falta de seguridad jurídica, en el encarecimiento de los trámites, en lo costoso de la producción e incluso en la prosperidad de una empresa.
Estos actos le cuestan a México muy caro, hablamos del nueve por ciento del Producto Interno Bruto lo que se traduce en cien mil millones de dólares al año.
Las reglas para abatirla son claras y están presentes en todos los ámbitos de gobierno; sin embargo, no hay un ejercicio claro de la transparencia que se materialice a través de las peticiones que los propios ciudadanos podríamos hacer y que simplemente hasta desconocemos.
Tampoco hay consecuencias para quienes participan de ella. De todos es conocido sobre todo refiriéndonos a la clase política, a los gobernantes que se enriquecen a costillas del pueblo sin que las autoridades apliquen el peso de la ley. Pasan los años y con actores distintos los abusos siguen siendo los mismos.
Hace falta mucho sin duda por hacer en el tema, debemos empezar por nosotros mismos, por nuestros hijos, exentarnos de participar en ella y al mismo tiempo denunciando a aquellos que insistan en cometerla.
