La seguridad pública ha sido un tema recurrente en Aguascalientes, sea porque se fue un fiscal o porque recién se ha nombrado otro. Sin embargo, es también un tema cotidiano porque los ciudadanos seguimos resintiendo la inseguridad en las calles, en nuestros hogares y en nuestro diario andar. Nos encontramos entre dos frentes; por un lado, están quienes previenen el delito, y procuran e imparten justicia; y por el otro, se encuentran los culpables de los delitos. Esto tiene como consecuencia que además de ser victimizados por los delincuentes, en muchos casos somos revictimizados por las autoridades, lo cual queda de manifiesto cuando analizamos la cantidad de delitos que se declaran y cuáles a una denuncia ante el Ministerio Público.
De acuerdo a los datos publicados por el Inegi en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2016 (Envipe), se estimó que durante 2015 se cometieron en el estado de Aguascalientes 299,182 delitos, de los cuales fueron denunciados ante el Ministerio Público nada más 39,599.
Eso no es todo, lo más preocupante es que se inició averiguación previa sólo para 60.3 de los delitos denunciados.
De acuerdo a la Envipe, la cifra negra en Aguascalientes es de 92 por ciento (en el país es de 93.6 por ciento), y los delitos más frecuentes, y con mayor cifra negra, son el fraude y la extorsión. Cabe mencionar que estos delitos no implican necesariamente contacto físico por lo que resulta difícil presentar pruebas o, en su caso, identificar al delincuente.
Aunado a lo anterior, acerca de los 258,712 delitos no denunciados, 51 por ciento de las personas comentaron que no denunciaron debido a situaciones como miedo a la extorsión, pérdida de tiempo, trámites largos y difíciles, así como desconfianza y actitud hostil de la autoridad. Esto se traduce en que para las víctimas de delito acudir a las autoridades significa que serán recibidas con regaños o, peor aún, que se les solicitará algo a cambio por la ayuda (es decir, por el cumplimiento del deber).
En el mejor de los casos, esto nos deja a los ciudadanos en medio de un proceso que se compone de delitos-delincuentes, por un lado, y autoridad-denuncia por el otro. Y esto plantea una encrucijada, pues, o bien el ciudadano no denuncia y por lo tanto la autoridad no puede actuar; o bien, cuando existe denuncia, ésta no es contundente o no hay evidencias suficientes del delito.
Además, mientras que la falta de denuncia hace que un porcentaje importante de víctimas queden en el anonimato, la realización de la denuncia en muchas ocasiones las pone en riesgo de sufrir un daño mayor a manos de los delincuentes. Así, por cualquier camino que elija el ciudadano, lo más probable es que quede como única víctima.
Estos datos deberían contribuir para concientizar a ministerios públicos y policías acerca de la importante responsabilidad que tienen hacia los ciudadanos; y deberían también recordar a los representantes populares su obligación de capacitar y aportar todos los recursos necesarios para exista una prevención real del delito y una aplicación e impartición de la justicia cada vez más generalizada.
