- Analizan solicitar juicio político contra exdiputados por dejar de lado la discusión del tema
- Fiscalía no cuenta con ningún protocolo para la investigación de feminicidios
El Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes (Ovsga) hizo un llamado urgente a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial a homologar las leyes locales en materia de feminicidio.
Wilfrido Salazar Rule, abogado de la Clínica Jurídica Especializada en Derechos Humanos y Perspectiva de Género del Ovsga, recordó que la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados realizó dos exhortos al estado el 16 de febrero y 20 de julio de 2016 -el segundo apoyado por ambas Cámaras- para tipificar y estandarizar los protocolos para investigar la muerte violenta de mujeres. En el estado, el feminicidio es una agravante del homicidio doloso.
Lamentó que el magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), Juan Manuel Ponce Sánchez, rechace la tipificación del feminicidio como un delito autónomo con el argumento de que al ser difícil de comprobar puede causar impunidad. En opinión del legista, con la homologación se previene que los ilícitos queden impunes: “El artículo 398 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece la reclasificación jurídica, tanto en el alegato de apertura como en el de clausura, el Ministerio Público (…) si no se logran acreditar todas las especificaciones del delito de feminicidio el MP podrá hacer una reclasificación a homicidio (…). El Código Penal Federal establece en su artículo 325 que en caso de que no se acredite el delito de feminicidio, se aplicarán las reglas del homicidio”.
La abogada Paulina Consuelo Díaz Guzmán agregó que el catálogo de circunstancias -supuestos- que definen una muerte violenta de mujeres como feminicidio en el Código Penal del Estado son pobres respecto a las contenidas en ordenamientos federales, lo que dificulta comprobar dicha agravante. Ambos aplaudieron la voluntad mostrada en el Ejecutivo y Legislativo para enriquecer esta figura legal.
En tanto, el Observatorio exigirá una explicación a exdiputados de la anterior legislatura acerca del cauce que se dio a los exhortos hechos por el Congreso de la Unión y se analiza pedir juicio político por dejar de lado la discusión de temas importantes en materia de derechos humanos. Según la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos, el delito de omisión prescribe en un año.
En Aguascalientes, dijo, no hay actualmente ningún protocolo para la investigación de muerte violenta de mujeres -feminicidios-; o de haberlo, no es público. Hasta donde se tiene conocimiento, la Fiscalía emplea el manual de la Procuraduría General de la República (PGR) lo que pudiera acarrear complicaciones, precisamente debido a las diferencias entre la legislación local y la federal: “Primeramente se tienen que aplicar los protocolos para descartar que se trate de un feminicidio y después se lleva como un homicidio sin esa calificativa”.
