- Sólo los presidentes municipales de Aguascalientes, Jesús María y Pabellón de Arteaga se han sumado a esta iniciativa ciudadana, pero ningún miembro de sus cabildos y gabinetes la han presentado
Sólo tres de los once presidentes municipales de Aguascalientes han presentado sus declaraciones patrimonial, fiscal y de conflicto de intereses a través de la plataforma 3de3, a cuatro meses de haber empezado sus administraciones.
Se trata de los titulares de Aguascalientes capital y Jesús María, Teresa Jiménez Esquivel, Noel Mata Atilano, ambos postulados por el Partido Acción Nacional (PAN), y de Pabellón de Arteaga, Cuauhtémoc Escobedo Tejada, del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Sin embargo, no aparece la triple declaración de ninguno de los miembros de los tres cabildos y gabinetes municipales en el portal del Instituto Mexicano de Competitividad (Imco), Transparencia Mexicana y Coparmex.
Quienes aún no han hecho pública su 3de3 son los alcaldes de Asientos, Lorenzo Martín Carrillo Lara, emanado la coalición Aguascalientes grande y para todos (PRI, PVEM, Panal y PT); de Calvillo, Adán Valdivia López, del PAN; de Cosío, Juan Manuel Villalpando Adame, de origen independiente; Rincón de Romos, Francisco Javier Rivera Luévano, de la coalición; San José de Gracia, María Cristina López González, del PAN;
Tepezalá, Omar Israel Camarillo, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM); de San Francisco de los Romo, Iraís Martínez de la Cruz, del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y de El Llano, Ramiro Salas Pizaña, de la coalición.
En julio de 2016, el presidente Enrique Peña Nieto promulgó las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción, entre las que se encuentra la Ley 3de3 respaldada por 634 mil mexicanos. Sin embargo, la también llamada Ley General de Responsabilidades Administrativas quedó sin modificación en su artículo 29, referente a la máxima publicidad de las tres declaraciones de los funcionarios públicos.
Actualmente la publicación de estas tres declaraciones no es una obligación de ley, sino que es un acto voluntario de buena fe que da cuenta del compromiso de los funcionarios con la transparencia y rendición de cuentas. La declaración patrimonial es una obligación de todo servidor público, pero es decisión del mismo hacerla o no pública; la declaración de posible conflicto de intereses es un instrumento legal común en diferentes democracias, pero en México aún falta legislación para que sea una obligación de ley; y la declaración fiscal busca transparentar el cumplimiento de pago de impuestos que, por ley, todo ciudadano tiene la obligación de hacer.
