- Por miedo a represalias, los estudiantes de Cañada Honda, Tiripetío e incluso los vecinos de la Constitución no han acudido a la CEDH
- El ombudsman advirtió que sin denuncias, no podrá emitir ninguna recomendación a las corporaciones policiales
Por miedo a represalias, los estudiantes de las Escuelas Normales Rurales de Cañada Honda y Tiripetío (Michoacán) no han denunciado violaciones a sus derechos humanos durante las agresiones que sufrieron el 9 de junio por parte de policías, advirtió el ombudsman local, Jesús Eduardo Martín Jáuregui.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Aguascalientes (CEDHA) ha estado tratando de localizarlos para invitarlos a formalizar las quejas para complementar la investigación, pues de lo contrario no podrá emitir recomendaciones a las corporaciones de seguridad estatal y municipal: “El día de los hechos estuvieron aquí cuatro representantes de Tiripetío y tres de Cañada Honda, pero no presentaron denuncias”.
“Nos preocupa particularmente qué personas fueron afectadas, cómo fueron afectadas y si vieron alterados sus derechos, pues la línea divisoria es un poco tenue. Estamos en presencia del delito de lesiones y de una posible violación a los derechos humanos, no todos los delitos conllevan violaciones a los derechos. Puede interpretarse como posible tortura, pero no tenemos elementos suficientes para decirlo”, explicó tras la firma de un convenio con la Comisión Estatal de Arbitraje Médico (Coesamed).
De acuerdo con un reportaje de El Universal, entre las agresiones documentadas por los abogados defensores de los normalistas destacan puñetazos, golpes en las costillas con armas, mordidas de perro, heridas en la cabeza de hasta ocho centímetros y el uso de chicharras -consideradas instrumentos de tortura- en los testículos, así como la posible desaparición forzada de un grupo de 30 estudiantes michoacanos de la Normal Vasco de Quiroga. Sin embargo, en la Fiscalía General tampoco hay denuncias.
Martín Jáuregui aclaró que esto no quiere decir que la Cedha permanezca de brazos cruzados, aclaró, porque tras lo sucedido se abrió una investigación de oficio “y quizá lo que pudiéramos hacer es rendir un informe a las autoridades y al Congreso local, que no revisa la figura de queja, por la razón de que no tenemos a los quejosos”.
Tampoco los vecinos del fraccionamiento Constitución, quienes fueron presuntamente alertados por policías para que evitarán abrir sus casas ante la llegada de los estudiantes, han presentado quejas ante Derechos Humanos: “Pudo haber agentes encubiertos que propiciaron una respuesta violenta (…),puede haber una premeditación, a lo mejor sí estuvo planeado de alguna manera responder ante la eventual violencia de los jóvenes, y los elementos que tenemos hasta ahorita parecen indicar que no hubo un inicio de violencia el viernes”.
El ombudsman incluso ofreció el anonimato a los denunciantes con el objeto de lograr complementar la información antes de elaborar el correspondiente dictamen.
