- Fundamental convocar a un movimiento nacional para controlar la forma en cómo se ejerce el poder en México
- El uso de herramientas de vigilancia debe darse bajo estricto mecanismo de rendición
- de cuentas y control judicial y parlamentario: Oficina del Alto Comisionado de la ONU
Hoy es necesario construir un México justo: un país seguro y sin impunidad para toda la población; en particular para que los periodistas y los defensores de derechos humanos puedan ejercer sus profesiones en libertad y seguros, por el bien de ellos y de todos los mexicanos, sostuvo Joel Salas Suárez, comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), en la inauguración de los Foros de Consulta Pública para el Análisis de la Iniciativa de Ley de Protección de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos en Chihuahua.
“En las últimas décadas del siglo XX la demanda ciudadana se centró en cambiar las reglas para acceder al poder en nuestro país. Hoy de nuevo es necesaria una causa que nos convoque a la población en general desde nuestras distintas trincheras para generar e implementar los mecanismos necesarios efectivos que nos permitan controlar la forma como se ejerce el poder en México”, enfatizó.
Joel Salas aseguró que los periodistas y defensores de derechos humanos durante los últimos años han logrado controlar y hacer responsables a aquellos que ejercen el poder: “Gracias a la información que publican los periodistas en notas, reportajes o artículos han logrado poner límite a las autoridades y los obligan a respetar los derechos humanos de la población. Por esa razón, la pérdida de vidas de periodistas y defensores de derechos humanos son invaluables no solo para sus familias, sino para el conjunto de la sociedad mexicana”.
Señaló que los mecanismos de control, resultado de este foro, deben garantizar al menos que: primero, los responsables de ataques y muertes a periodistas serán sancionados; segundo, la compra de espacios públicos en los medios de comunicación no condicionará los mensajes que se difundan, ni limitará las investigaciones de los periodistas comprometidos con informar a la opinión pública; y tercero, el uso de tecnología para la seguridad nacional será usado exclusivamente contra el crimen organizado y no contra ciudadanos que ejercen el periodismo y la defensa de derechos humanos.
Salas Suárez indicó que es necesario reconocer que las autoridades no pueden solas, ni los periodistas y defensores de los derechos podrán solos construir un México seguro y sin impunidad. Es necesario unirse e involucrar a la población en general para lograr prácticas de apertura que garanticen la libertad de periodistas de buscar información sin intimidación: “Hoy estamos en este evento porque reconocemos la ausencia de respuestas eficaces y también del deseo de hallar soluciones prontas. Las autoridades han recogido algunas de estas demandas y como resultado está el plan de contingencia para proteger a periodistas y defensores de derechos humanos, así como la iniciativa de ley que hoy nos convoca. La colaboración entre los tres poderes de gobierno y la población chihuahuense debe continuar durante el proceso de discusión de esta iniciativa, su eventual aprobación, implementación y, claro, su evaluación”.
Durante su intervención, Jan Jarab, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó: “el uso de herramientas de vigilancia debe darse bajo estricto mecanismo de rendición de cuentas y control judicial y parlamentario”. Edison Lanza, relator de la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos puntualizó: “No puede existir libertad de expresión cuando no se tiene garantizada la privacidad que es ahí en donde se genera el pensamiento”.
Durante la inauguración de este foro participaron: Blanca Gámez Gutiérrez, presidente del Congreso del Estado; Martha Rea y Pérez, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del órgano legislativo local; Liliana Aracely Ibarra Rivera, presidente de la Comisión Especial de Atención a Grupos Vulnerables del Congreso de Chihuahua; Jan Jarab, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos; y Edison Lanza, relator de la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otros.
Con información del INAI
