- Provienen de zonas indígenas, de la comunidad LGBT, son funcionarias electorales y públicas, y candidatas a un cargo de elección popular
- Se ha solicitado protección federal para 18 personas dado el contexto político y de violencia en sus estados
La Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) a través del Ministerio Público de la Federación y su oficina de Derechos Humanos, ha atendido a 87 personas víctimas de violencia política y solicitado protección federal para 18 de ellas, dado el contexto político y de violencia en sus estados.
La Fepade logró que se realizara la evaluación de riesgo ante la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) de doce de las víctimas, con el propósito de brindar protección y asistencia sicológica de contención a las afectadas en los casos que se ha considerado que está en riesgo su integridad física.
Las 87 personas que han acudido a solicitar atención a la Fepade, provienen de zonas indígenas, de la comunidad LGBT, son funcionarias electorales y públicas, y candidatas a un cargo de elección popular.
El titular de la Fepade, Santiago Nieto Castillo, dijo que continuarán acciones a favor del acceso libre a la vida política por parte de las mujeres, toda vez que es necesario que tengan igualdad en el acceso a espacios públicos y políticos, así como en la toma de decisiones.
Nieto Castillo reiteró la necesidad de que se tipifique en la Ley General en Materia de Delitos Electorales el delito de la violencia de género, a fin de combatir de manera enérgica la transgresión de los derechos políticos de las mujeres.
La Fepade ha participado en ocho reuniones de trabajo en materia de Protocolo para Atender la Violencia Política en Contra de las Mujeres, a fin de intercambiar información sobre los casos de violencia política de género que se iniciaron en las diversas instancias de procuración de justicia y entidades administrativas, para coadyuvar en la seguridad y protección de las víctimas.
La Fepade refrenda su compromiso de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además de atender la reforma constitucional en materia de Derecho Penal.
Con información de la PGR
