- Cifras del Poder Judicial del Estado sugieren que el presupuesto que solicitan no es acorde a su responsabilidad
- En años no electorales se abren pocos expedientes; en 2011 y 2012 no se presentó ninguna impugnación en materia electoral
Los magistrados electorales aspiran a ganar lo mismo que los del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), a pesar de que la carga de trabajo que enfrentarán podría no ser la misma que la de los últimos.
Con el argumento de que la Constitución no distingue rangos o categorías en las magistraturas, incluyeron en su proyecto presupuestal un salario de 141 mil 675 pesos brutos, el mismo que perciben quienes ostentan dicho cargo.
Si bien los miembros del aún inexistente Tribunal Electoral para el Estado de Aguascalientes tendrán la misma responsabilidad que los demás magistrados, impartir justicia, los asuntos en materia electoral resueltos en los últimos nueve años fueron menos en comparación con otras áreas del Poder Judicial, según datos consultados en su página de Internet.
Durante el proceso electoral 2015-2016 -en el que se votó gobernador, presidentes municipales y diputados locales- la Sala Administrativa y Electoral resolvió 158 impugnaciones, lo que representa menos del diez por ciento de la carga laboral que enfrentó el año pasado, mil 998 asuntos en total. En promedio, a cada uno de los tres magistrados correspondieron cuatro expedientes por mes, con lo que se deduce que la resolución de cada uno de estos costó 35 mil 418.75 pesos.
En los años sin elecciones -2008, 2009, 2011, 2012, 2014, 2015 y 2017- se presentó un promedio de 9.7 controversias anuales, con lo que los tres magistrados podrían haberse demorado más de 30 días en resolver cada asunto y esto costaría cerca de 425 mil pesos mensuales, sin contar la remuneración de su equipo de trabajo.
En 2008, se resolvieron cinco asuntos en materia electoral; en 2009, 17; en 2014, seis; en 2016, 27; y en lo que va de 2017, 13.
En 2011 y 2012 no se presentó ninguna impugnación electoral, por lo que si en esos años hubiera existido un tribunal permanente como el que se pretende instalar en el estado, la nómina de sus magistrados habría costado cinco millones cien mil 300 pesos al erario, por hacer absolutamente nada.
Con un año y medio de retraso, Héctor Salvador Hernández Gallegos, Claudia Díaz de León González y Jorge Ramón Díaz de León Gutiérrez fueron designados como magistrados electorales por el Senado de la República el 27 de abril de 2017. A la fecha, el órgano jurisdiccional de naturaleza autónoma no se ha concretado por falta de recursos, puesto que no fue contemplado en el Presupuesto de Egresos Estatal para el ejercicio 2017.
En mayo los tres magistrados electorales presentaron una propuesta de presupuesto para materializar dicho tribunal de 36 millones de pesos, que a petición de la Secretaría de Finanzas y el Congreso local, fue reducida a 19 millones; no obstante, esta cantidad aún les parece excesiva debido a las condiciones económicas en las que se encuentra el estado.
Recientemente, el gobernador Martín Orozco Sandoval confirmó que el Tribunal Electoral para el Estado de Aguascalientes debe ponerse en marcha el 1 de septiembre, con dos años de retraso ya que por ley debió haber arrancado desde octubre de 2015. Su presupuesto debió quedar definido antes del 31 de julio, fecha en que cierra el periodo de sesiones en el Poder Legislativo.
A principios de junio, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó a la Sala Administrativa continuar conociendo los medios de impugnación electorales mientras entra en funciones el tribunal, pues con el nombramiento de los nuevos magistrados la Sala se declaró incompetente para seguir desempeñando dicha función. Antes de 2013, las controversias electorales eran resueltas por el STJE.
En una entrevista reciente con La Jornada Aguascalientes, Héctor Salvador Hernández Gallegos insistió en que bajar el sueldo a los magistrados pudiera abrir la puerta a actos de corrupción. Al parecer el TEPJF respalda esta postura, pues hace unos días vinculó al gobierno de Morelos para que el órgano jurisdiccional de esa entidad cuente con el dinero solicitado, bajo el argumento de que la suficiencia presupuestal “constituye un freno a las presiones de otros poderes y una garantía de autonomía técnica y de gestión”.
