(¿La Democracia existe? Parte II)
El sistema democrático de nuestro país es, como todos sabemos, una democracia representativa. Es decir, aquella en la que las personas ejercen su voluntad a través de representantes populares que se convierten en ejecutores del poder público en sus distintos órdenes y niveles.
Antes que nada, es importante precisar dos puntos: en el primero se debe distinguir entre ejecutores del poder público y titulares de éste. Los titulares son “los todos”, es decir, todos y cada uno de los ciudadanos tal y como lo dispone nuestra Constitución Política, al sostener en su artículo 39 que el poder público dimana del pueblo; los ejecutores del poder público son los representantes que eligen “los todos” para que hagan valer su voluntad en una asamblea legislativa o congreso. El segundo punto que hay que dejar claro es que la titularidad de un derecho no sirve si no existen mecanismos para su ejercicio. Esa es la lógica teórica de la democracia representativa, el hecho de que es necesario el ejercicio para que la titularidad del derecho sea operante y que así, a través de los representantes, las voluntades de “los todos” se hagan valer.
Pero ¿qué sucede cuando esta idea teórica es distinta a la realidad?, en el caso particular de México, ¿los mecanismos de representación funcionan?, ¿nuestros “representantes” verdaderamente nos representan? En los hechos, quienes detentan la titularidad del poder público, es decir, los ciudadanos, no se sienten representados.
En una encuesta realizada por Latinobarómetro en el año 2015, se les preguntó a los ciudadanos mexicanos el nivel de confianza que tenían en el Congreso, los resultados fueron alarmantes: el 36.8% de los encuestados respondió que ninguna, el 34.6% que tiene poca confianza en el Congreso, mientras que el 19.9% respondió que tiene algo de confianza, contrastando con un 4.4% de los mexicanos encuestados que respondió que tenía mucha confianza en su Congreso.
La encuesta no es más reconfortante en otros asuntos. Por ejemplo, en lo que a confianza en el Gobierno se refiere, los resultados son peores: el 42.5% de los encuestados respondió que ninguna, el 35.2% que tiene poca confianza en el Gobierno, el 17.1% respondió que tiene algo de confianza, y solo un 3.9% de los mexicanos encuestados que sostuvo que tenía mucha confianza en el Gobierno.
En lo concerniente a los partidos políticos, estos tampoco quedan bien parados, pues la encuesta arroja los siguientes resultados en lo que a nivel de confianza se refiere: el 48.8% de los encuestados respondió que ninguna, el 34.2% que tiene poca confianza, el 13.8% respondió que tiene algo de confianza en los partidos políticos, y solo 2.0% de los mexicanos encuestados sostuvo que tenía mucha confianza en los partidos, quienes pretenden ser los instrumentos de la representación pública.
Los ciudadanos han dejado de confiar en quienes dicen representarlos por una sencilla razón: los ejecutores del poder público, dejaron de servir a quienes son los titulares de dicho poder. La titularidad del poder público se ha desdibujado frente al ejercicio del mismo. Analicemos el dato más contundente que Latinobarómetro arroja al respecto y que tiene que ver con el nivel de satisfacción del mexicano frente al funcionamiento de la democracia. El 36.6% de los encuestados dice estar Nada Satisfecho, el 31.5% doce estar No Muy Satisfecho, el 14.9% dice estar medianamente satisfecho y sólo el 3.8% se encuentra muy satisfecho.
Por lo tanto, queda claro que la causa de estos resultados no son los ciudadanos, no son las instituciones electorales que fungen como árbitros en los comicios, no son quienes participan en los comicios como operadores de las instituciones electorales; no es que falten recursos económicos para instrumentar los procesos que hacen posible la vida democrática, no es que la legislación en materia electoral sea injusta o inexistente. Las personas no se sienten satisfechas con la democracia por culpa de quienes han ejercido el poder público. El problema es que la democracia representativa no nos representa. De ahí derivan el resto de los problemas y de ahí surge la pregunta, ¿cómo recuperar el ejercicio del poder público?
(Esta columna continuará el siguiente sábado)
