Comienzo por admitir que las expectativas que expresé en mi artículo publicado el domingo primero de octubre de este 2017 en La Jornada Aguascalientes no se cumplieron. Hubo actos violentos en Cataluña en contra de lo que esperaba, y no ocurrió, como acaso ingenuamente creía, la intervención de algún personaje, o institución, sensato que propusiera alguna medida, por parcial y fragmentaria que fuera, que impidiese las acciones de la fuerza policial contra ciudadanos inofensivos. Sorprendentemente, por lo que a mí respecta, no se pronunció el Rey; que yo sepa, ningún líder político, españolista o catalanista, propuso algo que evitara la acción de la Policía Nacional y de la Guardia Civil y las deplorables consecuencias que esos operativos traerán consigo. Pero las cosas son como son y no como uno quisiera que fuesen. En verdad, lamento sinceramente lo ocurrido y me entristece haberme equivocado.
En relación con los hechos anteriores, algunos españolistas dicen que los catalanes se merecían el trato que recibieron por participar en un acto ilegal según la Constitución Española. Acepto que esta imputación puede ser válida y me declaro incompetente para una discusión de orden jurídico sobre el tema.
Sobre ese asunto nada más quisiera ofrecer dos casos de hechos histórico-sociales extraordinarios, que muestran la insuficiencia de la literal aplicación de la ley para resolverlos. Si la mera aplicación de la ley fuese suficiente no se justificarían los juicios de Nuremberg. En esos procesos se condenó a funcionarios alemanes que participaron en el asesinato de judíos y que lo hicieron apegándose estrictamente al Estado de Derecho impuesto por el gobierno nacionalsocialista en Alemania. Por otra parte, ¿deberíamos repudiar a los héroes que nos dieron una patria independiente por el hecho de que actuaron contra de la legislación colonialista del Imperio Español? Estos casos, por supuesto con la debida proporción guardada, ilustran la insuficiencia de la ley en casos de movimientos sociales masivos que buscan la reivindicación de una manera de entender el mundo. Entienden que esa idea es su derecho y que no necesariamente está incluida en los ordenamientos jurídicos del país en el que ese movimiento tiene lugar.
Ahora bien, no quisiera que se pensase que el Estado de Derecho no importa. Ley y diálogo son, desde mi perspectiva, elementos complementarios. No hay que olvidar que las leyes están escritas en lenguaje natural y éste es de índole polisémica. Es decir, admite distintas interpretaciones y un cierto “espíritu” se desprende de la letra. Aplicación de la ley y quehacer político deberían ser actividades complementarias que permitan dar validez a aquellas maneras de entender la ley que se presten a arreglos y compromisos entre las partes en discordia.
Otro punto que se ha pasado por alto es el de la historicidad del concepto de nación. Las naciones, como las conocemos hoy en día, no han existido siempre; son una creación humana relativamente reciente. Una primera caracterización de lo que es una nacionalidad se debe a John Stuart Mill quien la formuló en 1861. España no siempre ha sido España, como México no ha sido siempre México. Una nación se forma por la aglutinación de comunidades humanas, en principio independientes, que aceptan agruparse para la consecución de un propósito común. En otros casos son resultados de anexiones obtenida con la fuerza de las armas de una de las partes. En ambos casos, los ejemplos históricos abundan. De la consideración anterior puede desprenderse el simple razonamiento que sigue: si el propósito común que animó a las comunidades a juntarse ya no interesa o no es significativo para una de las partes, esa parte del conjunto se orientará a buscar otras formas de existencia. Lo mismo ocurrirá si la correlación de fuerzas que permitieron una anexión cambia y la comunidad anexada busque otros horizontes vitales.
A pesar de todo lo doloroso que ha ocurrido (al menos para mí) hay algunas breves señales alentadoras. Pedro Sánchez, líder del Partido Socialista Obrero Español llama a un diálogo acerca de la situación en Cataluña. Organismos comunitarios europeos instan a Rajoy a iniciar un diálogo sobre el caso catalán y lo exhortan a evitar un nuevo uso de la fuerza en contra de ciudadanos indefensos y pacíficos. Me pregunto por qué estas propuestas no se hicieron antes del primero de octubre. Francamente, no encuentro respuesta.
Ahora, para terminar, formulo una pregunta. Entiendo que lo que puede ser declarado ilegal es el resultado del referéndum ya que éste solo se perfecciona cuando se hace el conteo de los votos; antes no hay referéndum. La constitución española establece que el resultado no es legal, no es válido jurídicamente, no es vinculante, como se dice en el léxico actual. Pero que un ciudadano se dirija pacíficamente a un cierto lugar a depositar una papeleta donde inscribe una respuesta a una cuestión sobre el futuro de su comunidad ¿es ese un acto ilegal que debe reprimirse con desproporcionada violencia?
