- Corresponden al Ivsop, IEA, Inagua y el Órgano Superior de Fiscalización
- Están dirigidas contra quien resulte responsable de la malversación de recursos públicos, encontrada en cada una de ellas
El fiscal general, René Urrutia de la Vega, confirmó que hay 24 carpetas de investigación en contra de exfuncionarios de cuatro dependencias debido a irregularidades en el manejo de los recursos públicos probablemente cometidas durante la administración de Carlos Lozano de la Torre.
De éstas, 15 tienen que ver con el Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad; cuatro, del Instituto de Educación de Aguascalientes; cuatro, del Instituto del Agua del Estado; así como una en contra del extitular del Órgano Superior de Fiscalización (OSF). El fiscal aclaró que las indagatorias responden a denuncias de hechos probablemente constitutivos de delitos, mismos que fueron presentadas por la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas en conjunto con el área jurídica de la Secretaría General de Gobierno, y el OSF.
Estas querellas, reiteró, no se encuentran dirigidas a ex servidores públicos en específico, sino en contra de quien resulte responsable de la malversación de recursos públicos encontrada en cada una de las dependencias: “No están presentadas directamente contra alguien, cuando menos la mayoría de ellas no (…); puede ser que más de alguna denuncia, varias denuncias estén en contra o resulte responsabilidad en contra de una misma persona”.
Anteriormente el titular de la Fiscalía General del Estado aclaró que la prescripción de los presuntos delitos del anterior gobierno priista no supone una limitante para la imposición de penas, por lo que prometió que estos no quedarán impunes. El plazo comienza a correr a partir de que el Ministerio Público tenga conocimiento de las situaciones; es decir, en el momento de que se formalizan las denuncias correspondientes.
La Fiscalía también tiene abiertos procesos en contra de exfuncionarios del gobierno anterior que fueron denunciados en ese mismo periodo por otros servidores públicos, los cuales datan desde 2012.
Desde el comienzo de su administración, el gobernador Martín Orozco Sandoval dijo públicamente que se delegó a cada uno de los funcionarios la responsabilidad de verificar que se lleven a cabo las auditorías a las cuentas de su antecesor, con el objeto de que se integren las carpetas para presentar las demandas (administrativas y penales) correspondientes a cada una de las instancias que encabezan. El titular del Ejecutivo emanado del Partido Acción Nacional (PAN) prometió que no se dejará pasar por alto ninguna irregularidad de la pasada administración.
