- Las víctimas son principalmente defensores de derechos humanos, periodistas, niños, niñas, familiares de dirigentes sociales
- Se requieren 422 millones de pesos para atender desapariciones forzadas y casos de tortura
Ante el terrible flagelo que representa para las víctimas y familiares en casos de desaparición forzada y tortura, se propuso en el ámbito federal una Ley que permita atender los protocolos en materia y apostar a la prevención de este tipo de delitos para que se aplique el mecanismo de protección a sectores más vulnerables entre los que destacan defensores de derechos humanos y periodistas, cuya desaparición se ha incrementado en los últimos meses en el país.
De visita por la entidad, la diputada federal por el Partido de la Revolución Democrática, Cristina Ismene Gaytán Hernández, señaló que tanto en la desaparición forzada como también lo fue la Ley contra la Tortura que se aprobó en recientes semanas en la Cámara de Diputados, refiere que el Estado y el Poder Legislativo debe abocarse a estos temas, que se aspira a erradicar por completo.
Enfatizó que cuando se habla de desaparición forzada en su mayoría son actos presuntamente cometidos por agentes del Estado, es decir policías en su diferentes niveles, fuerzas armadas o incluso responsables de diversas áreas ejecutivas que mandatan la desaparición de personas; las víctimas son principalmente defensores de derechos humanos, periodistas, niños, niñas, familiares de dirigentes sociales; “tenemos un terrible flagelo con ahora nuestros hermanos centroamericanos que al querer cruzar a Estados Unidos llegan a México y tenemos cientos de desaparecidos nacionales”.
En el ámbito nacional hay un registro de cerca de 32 mil personas desaparecidas e igual número de familias buscándolos, personas que de repente un día no tuvieron más contacto con sus personas más cercanas. Además son estas fuerzas del estado a las que directamente se les vincula en la parte de desaparición, si bien tener este indicio es una herramienta ahora para las familias, lo mejor que se puede hacer por ellos, es regresarles con vida a sus familiares que tienen años, días, meses buscando, que aparezcan nuevamente.
La diputada reconoció que la conformación de esta ley es sólo un paso para avanzar en la deuda histórica que se tiene sobre estos actos de violencia y violación de los derechos humanos; recordó que la guerra sucia ocurrida en los años 60 y 70 fue causa de varios de estos atroces hechos; actualmente no se puede dejar de lado el hecho más reciente, con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, que a tres años sigue siendo un pendiente.
Precisó que esta Ley se presenta con los más altos estándares internacionales, va de la mano de la oficina del alto comisionado de la ONU, quien en todo momento apoyó la misma; “damos pasos muy importantes, ahora esperamos que el presidente de la República haga su publicación en las próximas horas, es ya sólo un tema de voluntad política porque está totalmente revisada con todo y avalada”.
En términos de la Ley se requiere la publicación de la mismas para que se pueda considerar en el presupuesto de egresos del ejercicio 2018; Gaytán Hernández dijo que se requiere una partida de 422 millones de pesos a fin de que la Ley en contra de las Desapariciones Forzadas y la Ley en contra de la Tortura, tengan los elementos suficientes para dar respuesta.
