- En Aguascalientes se necesitan 60 millones para construir y equipar seis juzgados
- La reforma constitucional ordena poner en marcha este modelo judicial en febrero de 2018
Los poderes judiciales estatales del país pidieron al Gobierno Federal que cree una bolsa para financiar la implementación del nuevo modelo de justicia laboral, que entrará en vigor en febrero de 2018.
A pesar de que los tribunales locales atenderán el 70 por ciento de las conflictos laborales, el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el próximo ejercicio fiscal solamente contempla recursos para el Poder Judicial Federal por un monto de 325 millones de pesos, dejando a los estados toda la carga económica de hacer frente a los cambios en la impartición de justicia.
La reforma constitucional que prevé la desaparición de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, para que las controversias entre trabajadores y patrones sean dirimidas en tribunales o juzgados fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, dio un año como plazo para su ejecución a partir de febrero de 2017, recordó el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), Juan Manuel Ponce.
En Aguascalientes se precisa de la construcción de seis juzgados de carácter laboral, así como el equipamiento y personal respectivo. Por este motivo, el STJE requirió a la Secretaría de Finanzas 60 millones de pesos para este apartado, y es que cada sala de audiencias tiene un costo de millón de pesos.
“De ahí que nosotros los presidentes de los tribunales hemos estado insistiendo con la secretarías del Trabajo y de Hacienda que no dejen desprotegidos a las entidades federativas por la razón de que es una obligación que tengamos todo lo que es el tema laboral (…). A la federación sí la apoyan mucho o resulta que a los poderes judiciales locales no les brindan ese mismo apoyo y, como no hay apoyo de la Federación, nos obliga a buscar solamente al estado para pedir apoyo”, refirió en entrevista.
El magistrado agregó que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje opera en un edificio rentado, y sus instalaciones no servirán para poner en marcha el nuevo sistema; sin embargo, “si se nos viene el tiempo encima no quedará más que rentar espacios y acondicionarlos, pero eso es inadecuado”.
Destacó que antes de marzo de 2018, se aprobará la nueva Ley Federal del Trabajo que marcará el inicio de operaciones del nuevo sistema de justicia laboral, lo que significa que es necesario contar con los espacios apropiados para entonces.
Hasta el momento, el Gobierno Federal no ha resuelto si habrá apoyo financiero para que los estados del país lleven a cabo los cambios necesarios.
