- El ombudsman admitió que siempre y cuando la elección no sea “un volado”, podría repetir en el cargo
- Casos de normalistas de Tiripetío y torturados en El Soyatal fueron los detonantes para que se cesara a José Héctor Benítez López de la Secretaría de Seguridad Pública
El 16 de enero de 2018 podría ser el último día en el que Jesús Eduardo Martín Jáuregui se desempeñe como presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Aguascalientes (Cedha) pero este 3 de octubre declaró que podría buscar la reelección siempre y cuando la decisión que se tome no sea “un volado”.
A decir de Martín Jáuregui, coincide con sus colaboradores en que se ha realizado un buen trabajo al frente de la comisión, por lo que consideró injusto que tenga que empezar desde cero como los otros posibles contendientes a la Cedha.
Lo que es casi un hecho es que el ombudsman entregará lo que podría ser su último informe el 10 de diciembre de 2017 donde se destacará la labor realizada para la consolidación del organismo defensor de los derechos humanos realizada por esta administración.
Sin embargo, quedan pendientes temas como la comprensión de la función que tiene la comisión por parte de la ciudadanía pues admitió que ha quedado una percepción de que se encarga de defender a los delincuentes cuando realmente sólo cumple su función de proteger los derechos humanos de todos; además de que no se encarga de castigar, “No somos los árbitros, somos los abanderados, lo único que hacemos es levantar la banderita y decir que posiblemente hay una falta”.
El presidente se refirió a dos de los casos de probable violación a los derechos humanos en los que habría participado la Secretaría de Seguridad Pública Municipal que destacaron este año: el del operativo del 9 de junio de 2017 en el que resultaron heridos varios normalistas de la Escuela Normal Vasco de Quiroga de Tiripetío, Michoacán y la presunta tortura a manos de elementos de la corporación municipal en contra de nueve hombres el 5 de julio en un camino que conduce a la comunidad de El Soyatal en el que por cierto tuvo participación la Unidad de Observación de la Organización de las Naciones Unidas.
Ambos casos, indicó Martín Jáuregui, tuvieron un buen fin, al menos para la Cedha, pues se llevaron a cabo cambios de personal en la Secretaría de Seguridad Pública, como el del anterior secretario José Héctor Benítez López y en varios mandos medios que habrían tenido responsabilidad directa como los de las direcciones de Estado Mayor y Policía Municipal anunciados por el propio secretario Antonio Martínez Romo el 26 de octubre de 2017, quedando pendiente el deslinde de responsabilidades por parte de la Fiscalía General del Estado.
A estos casos se sumó la denuncia que realizaron varios de los propietarios de los cabarets de la Zona de Tolerancia por el operativo realizado en el lugar el 10 de septiembre por la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, la Dirección de Reglamentos, la Policía Ministerial, la Policía del Estado, la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Ejército Mexicano.
En dicho operativo, denunciado por los dueños del lugar ante la Cedha, la Policía municipal supuestamente habría realizado actos de abuso de índole física, sicológica y sexual, no sólo en contra de los denunciantes en la nota “Policías abusaron de trabajadoras, trabajadores y dueños de los bares de la Zona de Tolerancia” de La Jornada Aguascalientes.
Pero tal y como lo confirmó el secretario del Ayuntamiento, Leonardo Montañez Castro, el municipio aún no ha recibido ninguna observación por parte de la Cedha respecto a ese acontecimiento.
Según Martín Jáuregui, la comisión no ha emitido ninguna observación al respecto debido a que las trabajadoras sexuales no han acudido a la comisión a ratificar; sin embargo en el operativo del 10 de septiembre sí se incurrieron en varias faltas evidentes por las que se prepara una recomendación general.
Entre estas faltas están la falta de una orden judicial, hacer revisiones indiscriminadas y la participación del Ejército, “Eso desgasta al Ejército, si el Ejército empieza a intervenir en problemas de pandillitas y una revisión reglamentaria se empieza a desgastar (…) si empieza a actuar de policía, después lo vamos a ver como policía”.
Además se exhibió sin necesidad a ciudadanos que eran clientes de los cabarets, con lo que se falta a su privacidad, pues las fotografías que circulan en redes sociales del operativo dan cuenta que al menos las autoridades las autorizaron, “No es posible que las autoridades no se hubieran enterado de que se estaba filmando, cuando se estaban usando reflectores e incluso parece que están posando para algunas fotografías”.
