- Los procesos son principalmente por inconsistencias en documentos, incumplimiento de leyes e irregularidades en procedimientos de obra pública
- Por este tipo de anomalías, 15 servidores públicos fueron inhabilitados el año pasado; hay 42 denuncias por desvío de recursos
La Contraloría Estatal tiene abiertos 256 procesos contra exfuncionarios de pasadas administraciones por hechos de corrupción.
Martha Márquez Alvarado, titular de la otrora Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas (Sefirecu), detalló en conferencia de prensa que enero a diciembre de 2017 la Dirección Jurídica de la Contraloría Estatal abrió 94 procedimientos administrativos por inconsistencias en documentos, incumplimiento de leyes e irregularidades en procedimientos de obra pública.
De estos, 14 se abrieron en conjunto con la Secretaría de la Función Pública; dos, junto con la Auditoría Superior de la Federación; 17, con el Órgano Superior de Fiscalización; 16 con la Auditoría Gubernamental; y 42 ante Quejas y Denuncias -dependiente de la Dirección Jurídica de Sefirecu- por el posible desvío de recursos públicos, mismos que están en proceso de cuantificación.
A partir de la entrada en vigor del Sistema Estatal Anticorrupción, se habilitó una Unidad de Investigación en la Contraloría que hasta el momento ha recibido 162 denuncias: 83 por incumplir la ley, 46 por presuntos desvíos cuyo monto está en cálculo, 19 por irregularidades en obra pública y 14 por abusos de autoridad o negligencia, añadió la funcionaria estatal.
Con la nueva legislación, las faltas graves cometidas por funcionarios serán canalizados a la Fiscalía Estatal Anticorrupción, que encabeza el recién nombrado Jorge Humberto Mora.
Por el momento, la dependencia tiene conocimiento de denuncias penales contra trabajadores del Issea, Inagua e IEA ante la Fiscalía General.
15 servidores públicos inhabilitados el año pasado
Por actos de corrupción en los cuales la contralora no abundó, fueron inhabilitados para ejercer el servicio público por tres meses: Jesús Salvador Velasco Rodríguez, Jorge Alberto González de la Parra y Juan Orozco Durán tres meses; así como Luis Cristopher Lara Rodríguez por once meses.
Por un periodo de año fueron suspendidos: Luis Alberto Canchola López, Ezequiel Herrera Escobedo, Ana Isabel Torres Calderón, Ezequiel Herrera Escobedo, Ana Isabel Torres Calderón, José Guadalupe Mata, Juan Manuel Cázares García, José Guadalupe Zamarripa Martínez, Norma Fabiola Aragón Leal, Jorge Alberto Landeros Navia, Jesús Estrada Hernández, Carlos Rafael Paredes Sánchez y Mónica Gabriela Paredes Mora.
Márquez Alvarado no especificó las dependencias para en las que laboraban los susodichos, ni las anomalías por las cuales fueron sancionados.
Agregó que por no haber presentado declaración patrimonial como lo manda la nueva Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, se impusieron 56 sanciones económicas de entre cinco a 15 salarios mínimos, que suman un ingreso cercano a los 600 mil pesos a las arcas públicas.
