- Lo que no atiende el estado es ocupado por los anexos que hacen una labor social sin conocimientos, sin la capacitación y programas eficientes
- Se estima que operan 250 centros de este tipo en el estado, de los cuales sólo 60 están regulados
Implica un grave problema el que el estado no cuente con centros especializados para atender a personas con problemas siquiátricos o de adicciones, ya que ante la demanda de estos servicios se ha hecho cargo los llamados anexos, sin el debido conocimiento, capacitación o programas eficientes para ellos; se estima que poco más del 20 por ciento de los que operan en Aguascalientes están regulados.
El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Jesús Eduardo Martín Jáuregui, señaló que se han hecho diversas recomendaciones por omisiones en los protocolos que llevan a cabo en este tipo de espacios, se han realizado operativos conjuntos con el Instituto de Salud; enfatizó que el problema deriva en que para muchas familias, se convierte en un problema tener a alguien dependiente o adicto, porque no tienen en donde dejarlo, ya que en Aguascalientes no se cuenta con un centro de internación para personas con problemas siquiátricos, al dejar de dar el Neurosiquiátrico este servicio y pasar a ser un hospital.
Dijo que esto fue a raíz de un incidente donde a una mujer que tenía un problema de catatonia la quemaron a la hora del recreo de los vigilantes, por omisión y descuido de los mismos; se decide cerrar el centro y transformarlo en hospital para ya no tener internos, por lo que los enfermos quedaron a la deriva, “los familiares tuvieron que llevárselos a ver qué hacen con él”.
El ombudsman lamentó que todo esto que no está atendiendo el estado haya sido aprovechado por quienes cumplen una labor social sin conocimientos, sin la capacitación necesaria y programas eficientes en los anexos; dijo que hay registrados cerca de 60 que cumplen con los lineamientos que marca la ley en materia de salud, sin embargo, por los señalamientos y quejas que se presentan a la Comisión, se estima que debe haber más de 250 que están operando incluso en los municipios.
Si bien dijo que en algunos casos estos centros han funcionado bien, resolviendo el problema de personas adictas y que presentan problemas siquiátricos, como en los municipios de Pabellón de Arteaga y San Francisco de los Romo, donde hay entre uno o dos que han permitido rehabilitar a adolescentes y jóvenes con graves problemas, en la capital hay algunos que han operado de forma adecuada y otros lo hacen con muchas carencias.
“A estos que retienen a la fuerza hay que pensar que su familia normalmente es quien los lleva ahí, donde les hacen firmar un formato en que están de acuerdo, pero una persona que tienen una dependencia entra en crisis por la falta de la droga a la que es dependiente, se presentan los síndromes de abstinencia, los que van a provocar violencia, enfrentamientos y las denuncias”, explicó Martín Jáuregui.
Atribuyó que esto se debe a la falta de un programa público integral para atender y rehabilitar a estas personas, la familia encuentra como opciones llevarlo a este tipo de centros donde presuntamente los tratarán, ya que por lo menos le permite a la familia seguir trabajando para darles una mejor atención. “Es un problema muy serio que no se ha atendido a fondo”, consignó.
El ombudsman afirmó que operan en la clandestinidad, en el sentido de que no están regulados ni registrados, por lo que no cuentan con una autorización para trabajar; dijo que a raíz de las visitas realizadas, han logrado que por lo menos disminuya el hacinamiento al interior de los mismos, que cuenten con servicios sanitarios dignos y supervisión médica; los dos últimos años la Cedha visitó alrededor de 70 anexos.
Señaló que en este tiempos tuvieron conocimiento de que murió una persona que era llevada al anexo o lo sacaron de ahí; “se quiso ir y lo detuvieron, lo golpearon y la fueron a tirar, pero hay la denuncia y están sometidas a proceso las personas”; precisó que otro caso es de una persona que se suicidó, pero es imposible determinarlo porque estos carecen de cámaras de videovigilancia y quien los supervise las 24 horas del día, por lo que se faculta para eso, “no creo que esté involucrada la delincuencia organizada, las autoridades nos dicen que aquí no tenemos grupos de delincuencia organizada y yo creo en ellos”.
El presidente de la Cedha puntualizó que otras recomendaciones de este tipo de descuidos se han hecho ante la Fiscalía del Estado, por el caso específico del daño físico que sufrió una persona que estaba retenida para rendir declaración; giró en torno a que deben tomar medidas de seguridad para las personas a las que llaman a declarar o tienen retenidas, además de que la instancia tiene que hacer la reparación del daño integral para esta persona, ya que el descuido facilitó que hubiera estas lesiones; “tiene que pagar los gastos que han incurrido y de rehabilitación”.
